La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó retirar el cannabis de la lista de drogas peligrosas y, finalmente, la ONU lo excluyó para uso médico de esa categoría, a pesar de que hay países que ya lo tienen en su farmacopea. ¿Qué lectura hacés de esto?
En primer lugar, considero que las recomendaciones brindadas por la OMS a la comisión de estupefacientes de Naciones Unidas son algo tardías. Como bien decís, hay decenas de países que ya soberanamente han legislado en materia de acceso al cannabis con fines terapéuticos medicinales, más allá de que hasta hace poco era una sustancia contemplada dentro del Listado 4, como una de las más peligrosas y con menos potencialidad terapéutica.
Era algo incongruente, anacrónico y sin base científica alguna, por lo que me parece que el ejercicio soberano de los países en actualizar estos conceptos, en revertir estas consideraciones, que fueron plasmadas en 1960, es algo que hay que aplaudir. Esto aunque lo hayan establecido las convenciones que, como sabemos, tienen una raíz profundamente discriminatoria, xenófoba, racista y colonialista por detrás.
En tal sentido, creo que son recomendaciones que pueden ser caratuladas como tibias. Quizás lo más sensato, más basado en la ciencia, podría haber sido que el cannabis sea contemplado en el Listado 2. Por eso digo que es una cuestión de ver que los países avanzan más allá de los criterios establecidos en estos instrumentos internacionales anacrónicos y vetustos. Me parece que a futuro vamos a tener mayores avances soberanos, principalmente de los países que están a la vanguardia en política de drogas.
¿Cuál es la situación en América Latina?
Nuestra región tiene situaciones bastantes dispares en política de drogas. Hay muchos países que están muy atrasados en sus propias legislaciones, que siguen criminalizando actos relacionados al consumo, como el nuestro. También hay legislaciones atrasadas en materia de atención a los consumos problemáticos, sin basarse en políticas y abordajes de reducción de daños, como sí sucede en tantos otros países como los europeos, donde se avanza en ese sentido hace ya muchísimas décadas.
América Latina es una región altamente dañada por lo que fue la denominada “guerra contra las drogas” y el prohibicionismo a nivel internacional. Somos los que en esta cruzada ponemos los muertos, los prisionizados, los desplazados. Somos la región que criminaliza a las personas que consumen y, por lo general, no somos parte importante de lo que sería el gran lucro alrededor de este gran mercado ilegal que es el consumo de sustancias prohibidas.
Muchos de los países que fueron más dañados por estas políticas de prohibición han levantado la voz, han solicitado al régimen internacional que flexibilice la interpretación de los tratados. También han levantado la voz respecto de la posibilidad y necesidad de regular las sustancias con fines estratégicos, como para darle un golpe al mercado y sacarle la regulación a las redes ilegales. Son las que, hoy por hoy, se manejan por medio de la violencia, la corrupción institucional, policial, etc. Y podemos decir que esos países, a nivel internacional, no han sido escuchados aún.
Después tenemos otros que han avanzado prudentemente con abordajes regulatorios, por lo menos del cannabis, como es el caso de Uruguay. En Norteamérica tenemos el caso de 15 estados de EE.UU. y el de Canadá y la reacción internacional fue bastante dispar. Cuando Uruguay, que es el país de vanguardia, empieza a regular esta sustancia, organismos internacionales y dirigentes lo tildaron de “país pirata” que viola el derecho internacional público, discurso que después fue menguando y bajando de intensidad cuando los estados de EE.UU. empezaron a regular esta sustancia con la misma finalidad y hasta de una manera mucho más libertaria.
Hoy vemos una reacción internacional mucho menor. El mismo país del norte, la potencia, empieza hablar de cierta flexibilidad en la interpretación de los tratados, sobre todo cuando la séptima economía a nivel mundial, que es California, comenzó a regular el cannabis. Y si después encima se suma un país como es Canadá, miembro del G7, el sistema internacional queda bastante golpeado y con pocas posibilidades de hacer críticas tan duras contra un país emergente con 3 millones de habitantes, del sur de nuestro continente, como es Uruguay.
Ante el fracaso del prohibicionismo, ¿cúal es la alternativa?
Lo que se propone son estrategias regulatorias de mercado de sustancias. Se comienza estratégicamente con el cannabis, pero se podría direccionar con regulaciones diferenciadas sobre tantas otras que hoy están prohibidas, tanto a nivel internacional como a nivel de cada uno de nuestros Estados. Me parece la política más interesante y más realista.
La clave está en quitar esta regulación ilegal, esta regulación mafiosa, basada en principios de corrupción, en principios de violencia por disputas de mercado, para que el Estado tenga una presencia fuerte en toda la cadena de valor de estas sustancias y realmente preocuparse por qué es lo que se produce, con qué calidad, a quién se vende y en qué contextos. Que sea a personas mayores de edad, que no se conduzca bajo los efectos de esas sustancias, que no se haga publicidad, que no se las promocione.
O sea, todo componente regulatorio que se podría establecer sobre tantas sustancias que hoy son legales, como el alcohol, el tabaco, los psicofármacos y demás, se podría direccionar también hacia las sustancias que están hoy ilegalizadas. También otros abordajes tienen que ser más sensatos. Por ejemplo, poner recursos en lo que sería el tratamiento y prevención de las adicciones, en lugar de las típicas políticas persecutorias criminalizantes que militarizan la seguridad urbana. También es necesaria una política pública sanitaria interdisciplinaria que permita brindar tratamiento a los consumos problemáticos de una forma sensata, humanitaria, y que no sea estigmatizante. Hay tantas otras formas que podrían ir surgiendo para abordar el fenómeno, pero me parece que estas dos son prioritarias.
¿Cuál es el impacto que tienen las políticas actuales de drogas sobre las mujeres y disidencias?
Las estadísticas respecto de la criminalización selectiva de las mujeres y las disidencias es altamente preocupante. Año tras año vemos que estos números aumentan. El 40% de las mujeres que se encuentran prisionizadas en nuestro país, lo están por motivo de delitos de drogas. La cifra asciende a 70% en el caso de chicas trans.
Además, las mujeres que consumen tienen un alto estigma por haberse corrido del rol que les asigna el patriarcado, la sociedad, a nivel cultural. Especialmente, si son madres. Se las acosa no sólo con el sistema punitivo, sino también con el sistema de la justicia civil y bajo amenaza de que son personas consumidoras podrían quitarle la tenencia de sus hijos y sus hijas. Si estas personas tienen algún consumo problemático, es más difícil que requieran ayuda, por motivo de estas amenazas, y eso es un factor de riesgo.
Uno de cada cinco consumidores y consumidoras de sustancias fiscalizadas a nivel internacional es hombre, y sólo uno de cada tres de esas personas que requiere ayuda en caso de consumo problemático es mujer. En los últimos años, la morbimortalidad causada por consumo de sustancias aumentó aproximadamente entre un 15 y 18% en hombres y alrededor de un 25% en mujeres. El estigma, la amenaza, la imposición cultural respecto de las mujeres, obstaculiza cualquier clase de ayuda.
Si miramos este fenómeno desde el punto de vista del acceso a la salud, ¿cuál es la situación de nuestro país? ¿Qué es el programa Potenciar Acompañamiento?
Nuestro país tiene, históricamente, un absurdo presupuestario a favor de lo que podría llamarse la reducción de la oferta. Políticas en contra de los consumos en términos de persecución criminalizante, el control del fenómeno de las drogas en todos sus estratos, desde la producción hasta la distribución minorista, y haciendo una gran demagogia punitiva en materia de incautaciones y la denominada “guerra contra las drogas”, que suele ser una guerra direccionada hacia los eslabones más débiles de esta cadena.
Ese direccionamiento de los recursos es bastante irracional. Los recursos puestos en materia de reducción de la demanda, que serían políticas de tratamiento y prevención de las adicciones, son 7 veces más efectivos. El promedio, a nivel internacional, es de 60 a 40% y se está direccionando cada vez más hacia el 50% de recursos puestos en materia de reducción de la oferta y 50% de los recursos puestos en la reducción de la demanda. La Argentina sigue sosteniendo una desproporción presupuestaria direccionada únicamente a estrategias securitarias, de control y de represión. Solo un 5 %, siendo generoso, se destina a prevención y tratamiento de las adicciones.
Nuestro país y muchos otros de la región han tercerizado gran parte de los servicios de tratamiento de consumos problemáticos hacia determinadas comunidades terapéuticas: comunidades eclesiásticas, organizaciones como narcóticos anónimos, etc. Organizaciones que no tienen, a mi parecer, un control estatal suficiente y direccionado mediante una política de Estado en materia de adicciones.
En ese sentido, el plan establecido por el gobierno actual me parece interesante. Viene a considerar lo establecido por la ley del 2014, que es el Plan de abordaje de consumo problemáticos, la ley IACOP, pero que al día de hoy todavía no está reglamentada, después de más de seis años. Esa ley ya establece la inclusión educativa y la inclusión laboral, que vendría a ser la pata que viene a contemplar este Programa actual. Para que realmente sea una política de Estado seria, primero tendría que reglamentarse la ley que está vigente.
En segundo lugar, me parece que tampoco deberían ser direccionados recursos sin control ni intervención y seguimiento suficiente por parte del Estado hacia esos grupos que mencioné. Muchas de estas organizaciones y estas comunidades terapéuticas, grupos eclesiásticos y demás, utilizan los recursos para pagar un incentivo o un sueldo, entre muchas comillas, a las personas que tienen bajo su tutela, de una forma bastante antagónica con lo que establecen las legislaciones nacionales. El Estado estaría financiando esa precarización laboral. Una buena política de inclusión laboral puede ser desvirtuada con una mala implementación y una falta de seguimiento.
Hace poco se reglamentó la Ley 27.350, que regula el uso medicinal del cannabis en Argentina, ¿qué podemos sacar en limpio de esta regulación?
Me parece que es una iniciativa muy interesante y una apuesta importante por parte del gobierno nacional. Hace lugar a aquella demanda histórica de la sociedad civil organizada, principalmente de familiares y madres con niños adolescentes y hasta adultos con diversas patologías que necesitan hacerse de la sustancia propia con la técnica de autocultivo u otros métodos, como el autocultivo solidario cooperativo.
Avanzar sobre esta vía de acceso por medio de la reglamentación, me parece algo que hay que celebrar, siempre con ciertos recaudos. Estamos observando cuáles serán las exigencias establecidas por diversas resoluciones ministeriales, que creo que van a surgir después de este decreto, y esperamos que estas resoluciones mantengan el mismo espíritu de reconocimiento de derechos y no sean obstaculizantes.
La ley se basó en diversos antecedentes que ya eran insostenibles, era una legislación muy pobre. Después hubo antecedentes muy importantes a nivel nacional, como sucedió en algunas provincias con diversas legislaciones, algunos municipios con sus propias ordenanzas. También hubieron estrategias de litigación mediante amparos, donde diversos jueces y juezas reconocieron estos derechos humanos como la salud, la vida y el bienestar. Estos antecedentes judiciales también dan algunos fundamentos y sirven como masa crítica para que el gobierno nacional actualmente tome este reclamo histórico, readecuando su reglamentación en base al reconocimiento de los derechos humanos de estas personas.
¿Por qué el enfoque punitivo de las drogas sigue siendo redituable en términos electorales?
Yo creo que es porque estamos atravesados por una cultura prohibicionista. Esa necesidad de la población de observar que se es duro contra lo que se denominó “una epidemia”. Un flagelo que envenena a nuestra juventud y causa estragos, que causa violencia, delitos, actos antisociales y todo lo que se le endilga a objetos inertes como son las sustancias. Esa cultura, o el conocimiento que se tiene respecto a esa cultura, es lo que, en definitiva, hace actuar de esa forma a políticos en relación a determinados eslabones dentro de la cadena de tráfico de sustancias. Eslabones de lo que sería el narcomenudeo. Personas que son seleccionadas por el sistema punitivo para simular determinados éxitos en lo que constituye esa cruzada bélica contra las drogas, personas que vienen a inflar estadísticas para simular un éxito.
¿Qué pasa en Bolivia con la coca?
Allá por el año 2011, Bolivia dio un ejemplo de soberanía nacional ante las Naciones Unidas cuando reclamó que se respete el consumo de la hoja de coca en su estado natural, procesos culturales ancestrales que tiene este país, al igual que toda la región andina. Naciones Unidas, en sus instrumentos internacionales, reclamaba a Bolivia que en un plazo de 25 años, contado a partir de 1961, debía dejar de avalar el consumo de esta sustancia.
Lo que hizo Evo Morales como acto soberano fue retirarse de la Convención y legislar, regular la producción, la distribución, el comercio de la hoja de coca en su estado natural. Recién después, con una enmienda determinada a esta legislación internacional, pidió la reinserción dentro de la Convención y así evitar quedarse afuera del sistema de fiscalización de otras tantas sustancias, de otros tantos procedimientos y de la cooperación internacional.
Ese acto de valentía y de soberanía nacional hay que reconocerlo. Es un antecedente a nivel internacional de que, si un país considera que determinadas cuestiones establecidas en los instrumentos internacionales no competen y no hacen a la salud y el bienestar de sus propias poblaciones ni a su reconocimiento cultural, lo puede plantear en Naciones Unidas y manejar un procedimiento semejante para que esas cláusulas no sean vinculantes para su propio territorio.
¿Qué sucedió en nuestro país a mediados de la década del 70, en ese proceso legislativo represivo con su Doctrina de Seguridad Nacional que empieza a controlar cannabis sintéticos y opiáceos?
En la Argentina de los 70, además de lo que sería la “subversión armada” y el “enemigo rojo”, se localizaba otro enemigo de relevancia internacional: las sustancias prohibidas.En 1974, López Rega impulsa fuertemente la criminalización de las personas que consumen sustancias fiscalizadas. Es algo que se da en un contexto geopolítico de imposición de las potencias centrales. Estados Unidos marcó a toda la región con su Doctrina de Seguridad Nacional. Antes, en 1971, Richard Nixon había impulsado y le dio nombre a lo que conocemos hoy como “guerra contra las drogas”. Hay que circunscribirse a ese contexto histórico.
No sé si es una forma de excusar a Perón, pero cuando López Rega impulsa esta legislación, el General ya había fallecido. Me parece que en esa tercera presidencia de Perón, el péndulo izquierda-derecha se había trabado y terminó inclinándose hacia la derecha por muchas razones. Por eso, durante ese proceso, la derecha peronista tenía más aceptación que aquellos sectores de la izquierda peronista.
También tenemos que considerar que no era una cuestión únicamente de sectores de derecha el hecho de ser prohibicionistas o estigmatizantes respecto de las personas que consumían, sino que varios sectores de la izquierda jugaron un rol importante en pedir esta criminalización y persecución contra ellas. Hasta el mismo Partido Comunista siempre fue un gran opositor a cualquier medida de abordaje progresivo y humanitario respecto de lo que serían los consumos de sustancias. No es algo que nada más le podemos achacar a la derecha peronista, pero tuvimos un contexto histórico lamentable que por múltiples factores, desde lo geopolítico hasta lo local, estuvo vinculado a esa cultura prohibicionista.
¿Cuál es tu reflexión sobre Maradona, su relación con las drogas y la estigmatización que padeció?
Maradona es el mejor ejemplo de que no basta el poder económico de una persona para evitar ser víctima de un proceso de criminalización, de estigmatización. Él, en determinados momentos y en contextos efímeros dentro de su biografía, pudo requerir y pudo obtener una ayuda considerable de determinados efectores de salud interdisciplinarios para combatir la adicción que padecía. Y en otros tantos contextos, fue una persona perseguida, criminalizada y altamente estigmatizada por estos consumos.
Y eso no hay que subestimarlo. Tiene que ver con estas cuestiones que afectan a toda la población en general, respecto de una persona que necesita ayuda y que muchas veces no acude por estos procesos de estigmatización. Más allá de los privilegios que tuvo Maradona, por su poder político, por su poder simbólico, por su poder económico y demás, me parece que es un caso testigo ya que estas políticas de prohibiciones y estigmatizaciones de las que hablamos no le fueron ajenas, algo que hasta aún después de su muerte observamos. Se lo ve en la idea, muy reproducida, de que su consumo problemático conllevaba linealmente determinados actos cuasi delictivos o violentos. Una asociación bastante causalista respecto a los consumos, cuando obviamente no es así, ni para Madona ni para ninguna persona que tenga un consumo problemático.
