La única preocupación de Ester Barón la tarde del 7 de marzo, era el baile sorpresa que estaba organizando para su nieta. Ella cumplía 14 años y a pesar del calor agobiante de la tarde en Rosario, había juntado a siete de sus amigos en el Centro Barrial y Popular Empalme Norte, un sitio comunitario de Empalme Graneros, al noroeste de la ciudad. Su objetivo era sorprenderla con una danza grupal de baile folclórico.

Esa tarde, entre ensayos de bailes folclóricos con pañuelos blancos y juegos de metegol, se escucharon los primeros disparos.

─Le grité a todos los chicos que se metieran para adentro ─cuenta Ester─. Una es grande y está acostumbrada a las balaceras en el barrio, pero acá vienen muchos chicos a jugar todos los días.

Ester, de 62 años, oyó unos 20 disparos. Las balaceras son un sonido habitual en Empalme ante el avance de distintas bandas por liderar el comercio de drogas. Pero no eran balas de armas gatilladas por narcotraficantes lo que escuchó Ester esa tarde, sino por la policía.

A unas pocas cuadras, los efectivos rosarinos intentaban contener sin éxito la pueblada vecinal que se había desatado, tras el asesinato de Máximo Jerez, de 11 años, y la internación en el hospital de otros menores por heridas de bala. La madrugada anterior, el 6 de marzo, los tres pibes habían sido baleados al quedar en medio de una disputa territorial entre dos bandas rivales.

El conflicto ponía a Rosario otra vez en la escena nacional, atrayendo la atención de los medios sobre Empalme Graneros. Las calles del barrio, famoso por haber resistido a una inundación que en 1986 dejó a unas 20 mil personas con el agua por la cintura, ahora se llenaban de cámaras de televisión.

La cámara del canal TN enfoca una casa gris, sin revoque, con ladrillos rojos y rugosos. En la puerta, dos policías agarran sus rifles con ambas manos. La casa es un búnker ligado a Cristian Villazón, conocido en el barrio como el ‘Salteño’, detenido desde el año pasado en la cárcel santafesina de Piñeiro por homicidio y comercio de drogas.

Es el lunes 6 de marzo al mediodía. La familia de Máximo Jerez acaba de velar su cuerpo y ahora, junto a otros vecinos, marchan hacia una misma dirección. “Queremos justicia”, le dice Julio Jerez, el padre de la víctima, con los ojos crispados, a la cámara de TN que lo sigue en primer plano.

Los vecinos llegan a la calle Cabal 1389 bis, la casa gris sin revoque, los ladrillos rojos a la vista. Los policías, inmutables, balbucean entre sí. Julio Jerez, vestido con una chomba rayada blanca y celeste, levanta un palo con un cubo de concreto del tamaño de un balde en la punta. Sus gestos son toscos, pronunciados, decididos. A su lado, una mujer de musculosa violeta ciñe sus puños a un martillo portentoso. El resto levanta piedras y caños de aluminio.

Los vecinos rodean la casa. Los dos policías se apartan mirando al suelo.

─En mis 33 años de televisión, nunca vi algo igual ─dirá otro cronista al aire, luego de que los vecinos tiraran abajo tres supuestos búnkers comandados por el ‘Salteño’ desde prisión. Uno de ellos, sin embargo, funcionaba como una vivienda alquilada a una familia que nada tenía que ver con los negocios criminales de Villazón.

El Salteño es conocido por los vecinos desde hace tiempo. Horas antes del asesinato de Jerez, había ordenado desde prisión balear una vivienda vinculada a los hermanos Maximiliano “Katino” Castillo y Nicolás “Macuá” Castillo, que integran una banda que compite por el territorio.

La respuesta de los hermanos no tardó. A la madrugada, según relatan algunos vecinos, un auto Honda Civic negro con dos personas dentro disparó contra el bunker de Villazón, provocando la muerte de Máximo y dejando herido a otro dos pibes.

Los hermanos Castillo son primos de Alex “Arañita” Ibáñez, conocido por liderar la venta de drogas en una zona de Empalme. Ibañez, detenido en Piñero por el crimen de una adolescente en 2020, habría ordenado atacar al Salteño en represalia a su ataque. Ambos están detenidos en la misma prisión.

Cinco personas fueron detenidas unos días después del crimen de Máximo: entre ellos, los hermanos Castillo. No hay datos sobre la identidad de los otros tres. El fiscal a cargo de la investigación, Adrián Svelta, aseguró a los medios que el hecho fue impulsado “por dos grupos enfrentados por la venta de droga en el barrio”.

─Queremos justicia y que Gendarmería se quede en el barrio ─dice Julio Jerez. Responde a las preguntas para esta crónica desde el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario, donde se recuperan favorablemente los otros dos menores baleados, uno de ellos sobrino suyo.

La familia del chico pertenece a la comunidad Qom de Chaco. Llegaron a Rosario en 1995 y se instalaron en Empalme, formando una colectividad muy unida que se concentró sobre una zona del barrio territorio, cerca del club deportivo Los Pumas.

─A mi hijo le gustaba jugar mucho al fútbol. Entrenaba en Los Pumitas. Queremos que los chicos vuelvan a jugar tranquilos.

Cuando las cámaras de televisión se fueron del barrio, algunos vecinos recibieron amenazas a través de mensajes de celular, tras ser identificados en las imágenes de los noticieros destrozando el búnker del ‘Salteño’. “A uno le pidieron que devuelva el ventilador”, detalla un vecino.

Dos organizaciones que trabajan hace años por la inclusión social de Empalme se negaron a hablar por temor a las represalias.

─Lo conocemos hace mucho a Cristian Villazón (el “Salteño”). Sus hijos iban con los míos a la escuela. Nunca nos molestaron, pero preferimos ser precavidos y no dar entrevistas ─dijo otra vecina.

El video de los familiares de Máximo y los vecinos derrumbando el bunker ya superó el millón y medio de visitas en YouTube.

─Acá hubo tres oleadas distintas.

Osvaldo Lalín Ortolani ─presidente de la Junta Vecinal de Empalme─, camina entre los escombros del bunker. Es sábado 11 de marzo, cinco días después del asesinato de Máximo. Dos camionetas de Gendarmería custodian la cuadra. Pero en la expropiedad de el Salteaño no hay una cinta de seguridad, ni custodia policial que impida el paso.

Solo restos de un esqueleto de concreto reposando entre despojos.

─La primera oleada fue la bronca de los vecinos y familiares por tirar abajo esto ─sigue Ortolani, de 62 años─. Después los que entraron para robarse las pertenencias que había, y la última, los adictos que llegaron para buscar resabios de droga.

Entre los muebles que quedaron hay una silla vacía y un ropero marrón tirado sobre el piso. Adentro: un oso de peluche. La ironía resuena entre los crujidos de cascotes.

─En Rosario tenes unos 300 bunkers que trabajan las 24 horas, custodiados por seis soldaditos, como mínimo en cada lugar. Ahí nomás formaste un ejército de dos mil chicos armados. ¿Cómo no iba a pasar algo así?

Ortolani se agacha y señala ahora una columna en la pared. Debajo, en la base, hay un pequeño habitáculo. Si uno mira por dentro, comprueba que la columna está hueca. “Es un doble fondo”, dice Osvaldo. “Por donde descartaban la droga en caso de un allanamiento”. Después hace un gesto con la cabeza a la casa aledaña de atrás. Un pasillo mínimo separa ambos terrenos.

─Esa es la vía para escaparse ─cuenta el referente vecinal─. Hacen todos los bunkers iguales en el barrio.

No es la primera vez que Empalme es foco de atención por crímenes vinculados al narcotráfico. Solo en el 2022 asesinaron al menos a seis personas con armas de fuego en conflictos relacionados con la venta de drogas. Ese mismo año, en el mes de agosto, en un galpón de la calle Génova al 2400, se decomisaron 1.600 kilos de cocaína de máxima pureza que, indicaron los investigadores del caso a los medios, llegó a Rosario para exportarse a través del puerto.

En el piso terroso de la casa quedaron hojas sueltas junto a una carpeta escolar en donde pueden verse ecuaciones matemáticas; una pelota de fútbol desvencijada; un pomo de dentífrico; un blíster de pastillas antidepresivas. Los objetos sugieren que alguna vez, en este lugar, hubo algo parecido a un hogar.

En esta zona de la ciudad, explica Osvaldo, se asentaron primero inmigrantes españoles e italianos. En los 70, llegó la inmigración interna de las provincias más pobres del país. También las comunidades originarias, como los Qom.

─Mirá, lo que pasa es que el barrio se divide por zonas muy marcadas ─cuenta Ortolani y señala un punto fijo─. Allá tenes los Pumitas, donde están los Qom. Ahí ya tenías un búnker. Hacés dos cuadras y cambia de nombre. Caminas otras tres y vuelve a cambiar. Todo es lo mismo, lo que cambia es el búnker y su dueño.

A unos metros de lo que queda de la vivienda del Salteño, hay una canchita de fútbol. Máximo jugó algunos partidos allí. Desde su muerte, los picados se juegan con la Gendarmería custodiando el lugar. Una bandera flamea desde una precaria tribuna con un mensaje: “Basta de inseguridad. Justicia por Máximo”.

El Centro Barrial y Popular Empalme Norte está a pocas cuadras de donde balearon a los tres chicos. Es un centro comunitario destinado a los niños y niñas del barrio e inaugurado el año pasado, donde antes había un basural.

─Tener este edificio precisamente en esta zona, que la apodaban el “Empalme Profundo” por las cosas que pasaban, es un camino hacía la recomposición del tejido social del barrio ─cuenta Daniel Macaluci, presidente de la Biblioteca Popular de Empalme Norte y ahora responsable del centro comunitario.

El espacio ofrece talleres para menores y adolescentes, además de buscar la inclusión social a través de diferentes disciplinas. Sin embargo, el conflicto entre bandas también los golpea.

─Ayer un papá me contó que le está enseñando a su hijo a hacer cuerpo a tierra para refugiarse de las balaceras ─retoma Macaluci, desde una oficina con aire acondicionado del predio que está en el corazón del barrio─. Esa es la realidad de Empalme hoy.

Daniel despliega un mapa de una parte del barrio sobre una mesa. Es un plano aéreo de las casas y sus calles. Con su dedo ancho, señala apenas una cuadrícula.

─Acá tenías un búnker, acá otro. Este también ─el dedo apenas se mueve─. Por acá mataron a dos el año pasado. En este pasillito a otro. Nosotros queremos mejorarles la vida a los vecinos. Que sepan que la cosa puede cambiar. Y este edificio es el comienzo.

Su objetivo ahora es pavimentar calles y abrir arterias que se inundan cuando llueve. La crisis habitacional, además de la violencia delictiva, es otra problemática que sufre Empalme.

─Inauguramos el espacio y ya tres vecinos abrieron un comercio alrededor. Uno de ellos nos había dicho que se iba a mudar, y ahora abrió un localcito. Es difícil, pero tener herramientas desde el territorio marca una diferencia grande para evitar que más pibes caigan en el consumo.

La muerte de Jerez fue tema de debate entre los integrantes del centro comunitario. Juan Irigoitia, militante barrial, admite que la presencia narco “deja un caldo de cultivo” que se debe combatir con una vinculación social férrea con los vecinos.

─Cuando recién estábamos con la obra del centro, donde antes era un barral, una vecina se acercó y me dijo “en una zanja no pueden crecer margaritas”. Y algo de eso hay. ¿Cómo queremos que los pibes crezcan bien sin un ambiente sano?

Las organizaciones barriales, sin embargo, se topan con un problema en común en todo Rosario: la captación de niños y adolescentes por parte de las bandas.

─A veces cargan a los chicos en una traffic y los llevan a jugar al fútbol a las mejores canchas de fútbol 5 de Rosario, con cena incluída.

Tener a menores de edad trabajando en los búnkers, les garantiza a las bandas una ventaja con el sistema penal: en caso de ser atrapados por la policía, tienen más probabilidades de quedar libres rápidamente.

─Nosotros apostamos a la ternura y el afecto para abordar a los pibes porque ya vienen de contextos muy hostiles. Pero tampoco somos inocentes ─cuenta Irigoitia─. Si un narco le compra zapatillas a un pibe y este empieza a juntarse con él, no podemos obligarlo a que vuelva. Tenemos casos así y la apuesta es no juzgarlo y hacerle entender que acá siempre tiene un lugar para cuando lo necesite.

Tres chicos corren ahora por el centro comunitario, bajo un sol rajante. No pasan los siete años. Uno de ellos imita que lleva un revólver.

Carga, apunta y sonríe.

El 10 de marzo, una nueva balacera se oyó por el barrio. Susana ─quien prefiere no dar su apellido─ tomaba mate en la vereda de su casa cuando escuchó unos 14 disparos. El ataque había ocurrido en un depósito de garrafas, a pocos metros de un puesto de Gendarmería, cerca del búnker demolido por los vecinos.

Los testigos señalaron que un hombre en moto pasó y gatilló sin ningún motivo. Los vecinos creen que fue un acto para demostrar impunidad tras lo ocurrido por Máximo, porque a unos metros estaban las fuerzas de seguridad dispuestas por los gobiernos provincial y nacional luego del crimen del chico.

─No nos sentimos seguros con más policías. Tampoco con la gendarmería. Estaban al lado e igual dispararon como si nada ─cuenta Susana.

Llegó al barrio hace 30 años y, desde 2019, en su casa funciona un comedor para las familias de Empalme. Reparte 600 raciones de comida diarias.

─El problema no es solo la violencia, sino la inclusión. Acá no tiene cloacas, no funciona la recolección de basura, ni las luminarias. No es un ambiente sano para que crezcan nuestros hijos ─cuenta.

Susana, dice, está acostumbrada a escuchar que casi todos los días hay un herido de bala en el barrio. “Las organizaciones hacemos el trabajo del Estado. Nosotros somos los que le damos un espacio a los chicos. A mí me gustaría no solo dar comida, sino ofrecer talleres. También darle un espacio a la gente mayor. Los abuelos también importan”.

Mientras se recorría el barrio de Empalme para este reportaje, dos personas fueron asesinadas en los barrios de Ludueña y La Tablada. Cuando las cámaras se apagan, los que quedan son los vecinos, y la resistencia de las organizaciones.

Ester Barón recuerda el día del cumpleaños de su nieta desde el centro comunitario, cuando oyó los disparos.

─Ese día les dije a los chicos que entraran y que podían volver a jugar después del tiroteo.