–Mierda.
Esta es la solemne exclamación del protagonista de El coronel no tiene quien le escriba, con la que finaliza la gran novela de Gabriel García Márquez. Idéntico enunciado fue el que emanó el piragüista Damián Cardozo el pasado domingo 28 de mayo, cuando observó el cúmulo de heces humanas flotando cual camalotes sobre las aguas del río Paraná. Sucedió a la altura de la Bahía El Brete, donde cada semana, miles de personas disfrutan del balneario .
Dos semanas antes, similar visión tuvo un grupo de remeros del Club Náutico León Seró, que de inmediato se comunicó con autoridades de la Municipalidad de Posadas, con responsables del Ente Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC) y con representantes de Servicios de Aguas de Misiones (SAMSA).
–Nos dijeron que estaba todo solucionado. Pero hoy el río amaneció de nuevo así, con toda esta materia fecal flotando. Hubo que suspender todas las actividades en el río, incluyendo remo, la escuela de guardavidas y la escuela de nado para niños. Es una vergüenza–lamentó el deportista.
Aunque esta vez la noticia trascendió ampliamente en medios y redes sociales, no es la primera vez que el Paraná se tiñe con tan lúgubres colores en este tramo. Pese a ellos, esta vez la respuesta que dio la empresa a los cuestionamientos del Club Náutico León Seró, sorprendieron bastante:
-Las cosas se rompen
El reciente y nauseabundo episodio descrito anteriormente, configura el enésimo caso en el que la concesionaria del servicio de agua potable y cloacas en las ciudades de Posadas y Garupá, SAMSA, se ve involucrada a partir de denuncias ciudadanas de distintas características. Incluso, apenas un par de años atrás, los cortes y la falta de agua potable en tórridos veranos, motivó serias manifestaciones y cortes de ruta en distintos puntos. Sobrefacturaciones y olores fétidos en barrios enteros, completan el inventario de denuncias acumuladas por esta compañía extranjera que desde 1999 presta servicios en la capital provincial y en la vecina Garupá.
¿Qué es SAMSA? ¿De dónde provienen sus capitales? ¿Por qué servicios esenciales como agua y cloacas están privatizados en Posadas y Garupá?
“Invertimos en la vida” es el slogan de SAMSA, una compañía que se define en su web como una “empresa concesionaria de servicios públicos de agua potable y tratamiento de desagües cloacales para la ciudad de Posadas y Garupá de la provincia de Misiones”.
SAMSA es una de las decenas de emprendimientos pertenecientes a Urbaser, multinacional que se autopercibe de la siguiente manera: “somos líderes mundiales en soluciones medioambientales, nuestra misión está orientada a potenciar el valor de los recursos del planeta para construir un mañana más sostenible, dando servicio a más de 70 millones de personas en 19 países a través de una enorme red de más de 50.000 empleados y 150 plantas que impulsan cada día una circularidad real”.
Originalmente de capitales españoles, Urbaser fue adquirida a finales de 2016 por la empresa de servicios públicos radicada en Beijing (China), Enterprises Holding Limited por más de dos millones de euros.
En su libro Argentina. El siglo del progreso y la oscuridad (1900 – 2003), la periodista y escritora María Seoane define a la era menemista como “la década canalla”. Sostiene la autora:
“En efecto, Menem realizó el proceso de privatizaciones más extremo de toda Latinoamérica. No sólo porque el remate a precio vil del patrimonio económico acumulado por varias generaciones en tiempo récord, sino también por el nivel de ganancias que obtuvieron quienes se apropiaron de las empresas del Estado”.
El mismo informe, asegura que en sólo seis años, un conjunto muy reducido de empresas obtuvo ganancias a un ritmo de 2 mil millones de dólares por año: “el menemismo se atrevió incluso a enajenar el patrimonio energético estratégico del país, entregando las reservas y la explotación del petróleo a compañías extranjeras. El total de empresas privatizadas superó las 65”.
De aquellos tiempos, proviene la épica frase “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado” dicha por Roberto Dromi, ex ministro de Obras y Servicios Públicos durante el menemismo.
El marco legal que posibilitó las privatizaciones en los noventa, fue la Ley 23.696, conocida como la Ley de Reforma del Estado. Huelga decir, que las privatizaciones fueron además, un resultante de haber aplicado en Argentina las recetas establecidas a fines de la década del ochenta por el “Consenso de Washington”, como se denominó al conjunto de políticas económicas recomendadas por el FMI, el Banco Mundial y otros organismos internacionales para su puesta en marcha en “países emergentes”.
El proceso de privatizaciones llevado adelante durante el menemismo, completó a su vez, parte del plan iniciado en el mismo sentido por la última dictadura cívico militar.
El 26 de diciembre de 1996, a través de la Ley 3391, aprobada por la Legislatura Provincial, Misiones declaró “sujeta a privatización mediante concesión la prestación de los servicios de agua potable y cloacas en las ciudades de Posadas y Garupá” que entonces estaba en manos de la estatal Administración Provincial de Obras Sanitarias (APOS). Entonces, el gobernador provincial era el justicialista Federico Ramón Puerta, y el intendente de Posadas, el ingeniero Carlos Rovira.
La licitación internacional recayó en SAMSA, que comenzó a prestar servicios el 1 de agosto de 1999, con un contrato a 30 años, para manejar “la captación, tratamiento, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de agua potable” y “la recolección, transporte, tratamiento, disposición y comercialización de desagües cloacales y residuos resultantes en el ámbito de la concesión”.
La tasa de fiscalización que la empresa española debe por contrato aportar a la Provincia quedó fijada en un “tres por ciento (3%) de su facturación total neta”, sumado a un 2% mensual en concepto de “fondo para obras”.
De este modo, el Estado recibe apenas un 5% de lo que recauda la compañía extranjera en su aventura misionera.
“Pido al pueblo misionero que me acompañe en el mandato para resolver esta cuestión y si es necesario voy a reestatizar SAMSA y devolverle a manos de los misioneros” expresó el ya entonces gobernador de la provincia Carlos Rovira el 17 de octubre de 2006 durante un acto en Garupá. Ya habían pasado siete años desde el inicio de las operaciones de SAMSA en ambos municipios, y nada de lo prometido se había cumplido. El servicio era fuertemente criticado por las comisiones barriales y desde las asociaciones de defensa del consumidor denunciaban abusos en los costos de las tarifas.
Sin embargo, todo quedó en “agua de borrajas”. No se volvió a hablar en la provincia de la posibilidad de re-estatizar el servicio.
–Mierda.
Nahuel Florentín es presidente de la comisión vecinal de la chacra 152, una de las de mayor densidad poblacional del tradicional conglomerado habitacional conocido como “Villa Cabello”, en el oeste posadeño.
–No se puede respirar del olor. Esto es de todos los días y no sólo de esta chacra. Desde 2009 vivimos presentando notas y quejándonos. Pero la solución nunca llega. Nos acostumbraron a vivir expuestos a esto.
La referencia es para el irrespirable aroma que emana la Estación Depuradora de Aguas Residuales que SAMSA instaló en el barrio.
–Tiran toda la mierda en el río. Es insalubre para la gente y contaminante. Acá están todos rotos los caños y sale un olor a mierda tremendo en toda la avenida Lavalle, pero si vas a Mitre y Uruguay pasa igual, en Villa Cabello igual y en algunos lugares de Villa Sarita pasa lo mismo. Olor por todos lados. Pero nadie hace nada–lamenta Jimena Rivero, vecina del barrio Tajamar.
Mientras en Posadas denunciaban la presencia de materia fecal en el río Paraná, en la ciudad de Puebla (México), casi en simultáneo, cientos de vecinxs nucleados en la organización Puebla Consulta Ciudadana, se presentaron ante el Congreso del Estado a entregar un petitorio con más de 30 mil firmas exigiendo la re-estatización del servicio de agua potable y acusando a la empresa privada Agua de Puebla por su deficiente trabajo en el saneamiento en los ríos y la prestación de agua potable.
En Chile, el debate por el uso del agua estuvo presente en la redacción del proyecto de constitución que no fue aprobado. “La privatización de las aguas ha sido el preámbulo de la destrucción de los ecosistemas en Chile, generando un mercado de las aguas que ha circunscrito el necesario derecho humano al agua a bienes transables. Lo hemos dicho incesablemente, esta problemática se funda en la legislación vigente desde la dictadura militar instaurada desde 1973, la Constitución política de 1980, define el derecho de propiedad de los privados sobre las aguas entregadas por el Estado” nos explica la vocera nacional del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la protección del medioambiente (MODATIMA) y doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca, Manuela Royo.
En la 77ª Asamblea de la ONU, celebrada el año pasado, la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció “la desprivatización progresiva de los servicios públicos, como salud, agua potable y energía”.
El 22 de marzo de este año, en consonancia con Día Mundial del Agua, activistas del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) de Brasil, llevaron adelante un seminario referido a “la lucha contra la privatización del agua”, tema que moviliza a los frentes populares en los estados, y a los parlamentarios de izquierda en el Congreso Nacional, ante un contexto en el cual en muchas ciudades la gestión del servicio de agua potable está en manos privadas. “Agua y energía no son mercancía” advierte el eslogan de campaña del MAB.
Según un informe de la ONG Transnational Institute, en los últimos años se han producido al menos 835 casos de desprivatizaciones de los servicios públicos en más de 1600 ciudades distribuidas en 45 países.
Se estima que hay 1.828 prestadores de servicios de agua y saneamiento en las zonas urbanas de Argentina. De ellos, 23 son provinciales y regionales. De esos 23 prestadores provinciales y regionales, 15 son empresas públicas, 4 son entidades estatales y 4 son concesionarios privados, entre ellos, SAMSA, en la provincia de Misiones.
Foto de portada: Lucía Sabini Fraga
