El aborto legal en Argentina
Cerca de 500 mil mujeres recurren anualmente a abortos clandestinos en nuestro país, dejando en claro que la penalización no impide su práctica sino que la vuelve una intervención peligrosa por la falta de recursos económicos de muchas personas gestantes.
Según un informe de Mariana Romero y Silvina Moises publicado por la Red de Acceso al Aborto Seguro, 19 provincias y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con protocolos para realizar un aborto legal por las causales ya previstas en la ley. Sin embargo, no todos establecen estándares y procedimientos para una atención de salud segura, de calidad y oportuna.
Desde 1921, el Código Penal argentino permite el aborto en casos de peligro para la vida, la salud, o en caso de violación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó en 2012 a través del fallo F.A.L estas causales y las reconoció como un derecho cuyos estándares son establecidos en el protocolo nacional.
Actualmente, en Argentina toda persona con capacidad de gestar tiene derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo cuando:
– hay un peligro para la vida de la persona gestante;
– hay un peligro para la salud de la persona gestante;
– el embarazo es resultado de una violación.
En el trienio 2016-2018, 7.262 niñas de entre 10 y 14 años tuvieron un parto y 459 mujeres murieron por causas relacionadas al embarazo, parto y puerperio; 65 de ellas estuvieron relacionadas con el aborto.
Antecedentes del proyecto
En nuestro país, la lucha institucional por despenalizar y legalizar el aborto se remonta a los años 80, cuando grupos de mujeres se reunían frente al Congreso para visibilizar la problemática.
Entre el 2003 y el 2004 se empieza a gestar en los encuentros nacionales de mujeres lo que finalmente se llamaría “Campaña Nacional por el aborto seguro, legal y gratuito” con una premisa clara: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
El Proyecto de Ley fue presentado por primera vez en la Cámara de Diputadxs de la Nación en 2007 y luego nuevamente en 2010.
En el histórico fallo F.A.L., en el año 2012, la Corte Suprema resuelve que “no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a un trámite judicial».
La Campaña vuelve a ingresar el proyecto en la Cámara de Diputadxs cada dos años. En 2016 con el aval de más de 350 organizaciones una vez más el proyecto ingresa a la Cámara baja.
Durante la Presidencia de Mauricio Macri se impulsó el debate a nivel nacional. Sin embargo, el mandatario manifestó en declaraciones periodísticas que “hay que defender la vida”.
En el año 2018, por séptima vez consecutiva se vuelve a presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Acompañado por pañuelazos y enormes movilizaciones, el proyecto logra ser debatido en el Congreso de la nación con su aprobación en Diputadxs pero su rechazo en el Senado.
En 2020, durante la apertura de sesiones del Congreso de la Nación el Presidente Alberto Fernández se pronunció a favor del Aborto seguro legal y gratuito y prometió enviar al Congreso un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El mismo ingresó el pasado 17 de noviembre.
Poroteo
Según un relevamiento del equipo de Economía Femini(s)ta en base a declaraciones de legisladoras y legisladores nacionales, se infiere que el proyecto sería aprobado, tal como hace 2 años en la Cámara de Diputados, mientras que en la Cámara de Senadores la disputa estaría más reñida. El informe constata que 127 miembros de la Cámara baja votarían a favor, 111 votarían en contra, 2 se abstendrían y 17 votos se mantienen indefinidos. En el Senado las cifras serían 35 a 33 en contra del proyecto, con 1 abstención y 3 indefiniciones.
