El discurso oficial le atribuye a Misiones ciertos rasgos distintivos del resto del país: tiene una administración ordenada, cuya recaudación ha crecido significativamente en pandemia y las políticas de Estado lograron conciliar eficazmente la prevención sanitaria con el cuidado de la economía. Su régimen político es magnánimo: acoge a todas las tendencias políticas en su seno y pareciera que no hay conflictos que no encuentren solución dentro mismo del sistema. Solo se trata de integrarse a la estrategia gubernamental. El espíritu del programa político del oficialismo provincial que lidera el ingeniero Carlos Rovira desde 1999, podría resumirse en un slogan de la gestión del gobernador Maurice Closs (2007-2015): “Crecer más, crecer en paz”. 

Sin embargo, mirando con atención encontramos una provincia con indicadores sociales y económicos nada alentadores, que tiene uno de los niveles de pobreza más altos del país y de los salarios más bajos. Muestra también preocupantes indicadores en cuanto a calidad educativa, mortalidad infantil o índices como el de violencia de género, embarazos infantiles o femicidios. Además, a pesar de tratarse de una provincia con alta densidad poblacional y con una economía de base agraria, muestra altos índices de concentración y extranjerización en la tenencia de la tierra.

A pesar de ello, el Frente Renovador de la Concordia Social gobierna hace casi 20 años en base a un esquema que combina consensos con dosis de disciplinamiento. Ha demostrado su capacidad de cooptación de organizaciones y personalidades de la oposición, en tanto también tiene una política de criminalización de las luchas y las organizaciones populares que no se encuadran en su línea.

¿Desde cuándo relatar la criminalización de la protesta social en Misiones, lugar donde no hubo en dos décadas cambios significativos en la línea política gobernante?

Misiones no se sustrae de lo que sucede en el resto del país y desde los años 90 se empezó a denunciar la criminalización y judicialización de las luchas y de las organizaciones populares. Más recientemente, se podrían citar la represión en la Plaza 9 de Julio de Posadas a integrantes de la Corriente Clasista y Combativa en 2010, o el desalojo del corte del puente sobre el arroyo Garupá en la ruta 12 durante 2014, donde protestaban docentes y trabajadores estatales. Más cerca aún, la represión a familias tareferas en pleno centro de Posadas a fines de 2019.

En esta nota nos enfocaremos en las situaciones de represión, criminalización y judicialización de la protesta callejera que se vienen dando tras el comienzo de la pandemia, a partir de ciertos elementos que muestran una mayor intolerancia por parte del gobierno. Esto no significa ignorar los antecedentes que muestran que la posibilidad de la judicialización y la represión contra la protesta siempre estuvieron ahí, sino atender a una serie de hechos que evidencian la confluencia del gobierno y otros sectores políticos y sociales en una política criminalizante que trasciende el accionar estatal y que habla de la creación activa de consensos a favor de la represión. Otro capítulo aparte, merecería el tratamiento del conflicto social en torno al régimen de tenencia de la tierra.

“En Misiones no se reprime la protesta social” – afirmó con vehemencia el vice gobernador Dr. Carlos Arce ante una delegación de organizaciones de Derechos Humanos que acudieron a reclamarle al gobierno por la brutal represión contra integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), durante marzo de 2021 en el municipio de Leandro N. Alem. El mandatario mencionó como excepción la represión a familias tareferas en la Plaza 9 de Julio en noviembre de 2019 alegando que lxs trabajadorxs rurales habían atacado a la policía.

Fácilmente se podría desmentir esa afirmación. Lo cierto es que la violencia policial directa sobre manifestantes en espacios públicos no era hasta ese momento frecuente en la provincia, lo que no significa que el gobierno no recurriera a otros métodos de disuasión, desgaste y hostigamiento sobre quienes intentaran manifestarse en espacios públicos.

Como ejemplo de ello, se podría citar la sistematicidad con que diversas instituciones estatales como la Dirección de Asuntos Guaraníes, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, la Justicia y otras conciertan sus acciones para obligar a las familias mbya a regresar a sus aldeas a los fines de que no permanezcan en las calles de Posadas. Inclusive cuando no están protestando, ya que su presencia demuestra un fracaso de las políticas de Estado que obliga a las comunidades originarias a buscar alguna forma de sustento en la ciudad.

La entrada en vigencia de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio congeló temporalmente las expresiones de protesta callejera. Durante la cuarentena, el gobierno municipal de Posadas enrejó la plaza 9 de Julio de tal manera que se puede circular por ella pero la permanencia se vuelve muy difícil. El cierre de ese espacio tiene un gran valor simbólico, ya que al estar frente a la Casa de Gobierno ha sido históricamente el escenario principal de las manifestaciones políticas.

Al tiempo en que se inició la salida paulatina de las medidas de restricción a la circulación, el gobierno provincial reafirmó -en alianza con otros sectores- su postura de no permitir ciertas formas de la protesta social, sobre todo los cortes de ruta y la ocupación de espacios públicos.

La primera demostración brutal de esa decisión fue la represión al FOL que se manifestó ante la municipalidad de Alem el 22 de marzo de 2021. La organización pedía una audiencia con el intendente Waldemar Wolenberg para solicitarle herramientas de trabajo e insumos para sus emprendimientos productivos. El intendente no solamente no los recibió sino que ordenó el cierre completo del edificio -que tiene al menos cuatro ingresos- y realizó una denuncia penal contra quienes esperaban ser atendidxs frente al edificio municipal.

Alem News, un medio digital local que transmite videos en vivo por redes sociales, inició una activa campaña de demonización de los manifestantes desde el comienzo de la protesta en horas de la mañana, presentando la situación como de retención de las personas que trabajan en el edificio municipal y enfatizando la peligrosidad de quienes protestaban.

Luego de varias horas de transmitir en directo lanzó una convocatoria a “la ciudadanía” a contrarrestar la acción de protesta. Para ello, en horas de la tarde dio la palabra en vivo a un vecino, vinculado a la policía, que arengó a restaurar el orden y a no permitir lo que presentaban como un atropello a los derechos de la ciudadanía a través de una forma grave de coacción pública. Explícitamente advirtió que si la orden de desalojo no llegaba en breve, “los vecinos” tomarían por su cuenta la tarea de reprimir a lxs manifestantes.

Poco después, la policía ejecutó con una violencia inusitada la orden de desalojo librada por la jueza Selva Raquel Zuetta. Entre los manifestantes hubo nueve detenidos brutalmente golpeados, que fueron liberados el 24 de marzo luego de la realización de cortes de ruta y de intervenciones de la defensa y organismos de Derechos Humanos. En esa fecha, en que se conmemora el Día de la Memoria, Verdad y Justicia por el aniversario del Golpe de Estado de 1976, el mismo medio, Alem News, en conjunto con operadores políticos del intendente Wolenberg y “vecinos autoconvocados” que resultaron ser policías, realizaron un acto de apoyo y reivindicación al accionar policial.

A pesar de que existe numerosa jurisprudencia que reconoce a la protesta social como un derecho que debe ser especialmente protegido por el Estado, es cada vez más frecuente que las autoridades políticas arremetan contra él, expresando el ideal autoritario de gobernar sin cuestionamientos.

A eso se suma la acción de otros actores no estatales. De hecho, gran parte de la estigmatización y criminalización de los actores del conflicto social es operada por los medios de comunicación desde hace décadas. A esos medios se ha sumado la difusión en las redes sociales de discursos de odio basados en estereotipos y prejuicios, que denostan también a la protesta social y sus protagonistas.

Mientras el conflicto social sigue emergiendo en un país en el cual el nivel de vida de las clases populares no deja de empeorar, también crece el consenso de los idearios que, lejos de ver a la protesta como una forma de ejercer y exigir derechos, la inscriben en la órbita de lo delictivo. La lógica del “movimiento anti-piquetero” lanzado por el ultraderechista Javier Milei, o el “protocolo antipiquetes” que intentó imponer Patricia Bulrich desde el Ministerio de Seguridad en 2017.

En ese sentido, en la criminalización de la protesta además de las autoridades políticas toman parte cada vez más activamente actores de la “oposición” como el PRO y sectores no gubernamentales como las patronales rurales y urbanas, conformando una alianza conservadora que actúa contra el derecho a la protesta y que empieza a pasar a formas de acción directa. Lo sucedido en Alem muestra, en parte, cómo puede funcionar esa alianza y la latencia de grupos paraestatales dispuestos a reprimir.

El accionar “antipiquetes” de esos sectores “no estatales” volvió a mostrarse muy poco tiempo después en Montecarlo cuando el concejal del PRO y abogado, Lucas Vega, junto al también abogado del PRO Walter Kunz presentaron el 31 de marzo de 2021 una denuncia penal contra dirigentes de varias organizaciones sociales (FOL, MTR, MPL) por cortar la ruta 12.

En la denuncia, estos abogados patrocinaban a unos quince “vecinos” de Eldorado y Montecarlo que denunciaban a los dirigentes por “entorpecimiento del transporte terrestre”, pero también les atribuían conductas delictivas tales como “reducción a la servidumbre” y “asociación ilícita”.

Vega, además, convocó a la ciudadanía a confeccionar una lista de los integrantes de esas organizaciones, como si pertenecieran a grupos delictivos, en una clara recurrencia a la alcahuetería social y a las listas negras de la dictadura.

En esa zona, el accionar de estos referentes políticos se apoya también en el de los “Productores Autoconvocados contra los cortes de ruta” que tiene como antecedente a “Productores Autoconvocados contra los Delitos Rurales”.

De trabajar en coordinación con la policía para evitar o disminuir delitos como el robo de yerba o el abigeato, esa agrupación pasó a activar contra los cortes de ruta con un discurso doble: dicen reconocer el derecho a protestar, dicen reconocer que las demandas sociales son legítimas, pero son terminantes en calificar a los cortes como formas de obstaculización del derecho de otrxs a trabajar. De este modo, ubican a quienes protestan en la categoría de “parásitos de la sociedad” que no trabajan, que viven del trabajo ajeno y del Estado, legitimando así cualquier tipo de agresión sobre ellxs. No se trata solo de la modalidad de la protesta, sino de quiénes protestan. Algunos de sus voceros detallaron a la prensa los modos de colaboración y estrechos vínculos que mantienen con la policía de la provincia y el Ministerio de Gobierno. Entre noviembre y diciembre de 2021, los productores autoconvocados volverían a sus apariciones públicas contra los cortes de ruta y con expresiones a favor de la represión policial en Montecarlo.

El 3 de diciembre de 2021, el juez federal de Eldorado Miguel Ángel Guerrero solicitó al Jefe de Policía de la Provincia de Misiones “la adopción de un dispositivo de seguridad para prevenir y evitar cualquier intento de corte del corredor vial o entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en la Ruta Nacional 12 en jurisdicción de éste Juzgado Federal…”.

Si bien el pedido del juez está fuera de sus atribuciones, ya que no puede disponer medidas sobre hechos que no han ocurrido, el gobierno provincial se valió de ese instrumento para actuar contra la protesta en todo el territorio de Misiones.

Consecuentemente, en las semanas siguientes, la policía de la provincia llegó a cortar las rutas 12 y 14 para evitar que lo hagan las organizaciones sociales, recurriendo a la violencia y la intimidación.

Eso se vio claramente cuando el 16 de diciembre varias comunidades mbya salieron a las rutas provinciales 7 y 13 y a la nacional 14 a reclamar que se detenga el desmonte que estaba produciendo la empresa Hijas de Juan Harriet en territorio ancestral de la Comunidad de Alecrin. En todos esos lugares los cordones policiales les limitaron el paso del borde de la cinta asfáltica, donde, de todas maneras, permanecieron durante el día en apoyo a las negociaciones que la comunidad Alecrin realizó con las autoridades en el municipio de San Pedro.

Posteriormente, en febrero, se repitieron las escenas de policías de la provincia apostados en rutas nacionales para impedir cortes, con manifestaciones de apoyo por parte de los “Productores Autoconvocados”.

En algunos casos, especialmente en Campo Viera, estos episodios fueron precedidos o seguidos de allanamientos ilegales, detenciones, persecuciones e intimidaciones a militantes de organizaciones sociales en sus barrios y domicilios. En particular, el MTR Votamos Luchar denunció graves hechos en esa zona, que incluyeron represión y detenciones en la ruta. Días después, tuvo lugar la detención de su dirigente Roxana Mencia junto a sus hijes menores, que fueron violentadxs en su domicilio y llevadxs al calabozo.

Además, la repetida estigmatización de las y los manifestantes empezó a traducirse en frecuentes agresiones por parte de automovilistas y camioneros. Es cada vez más habitual que se produzcan atropellos intencionales de manifestantes en las rutas, algunos han sido heridos de gravedad y, muchas veces, ante la mirada cómplice de la policía.

En Misiones no existen leyes que den marco a la realización de paritarias entre el Estado y sus trabajadorxs. El gobierno cuenta con dirigentes gremiales que pertenecen al Frente Renovador y cuyas estructuras sindicales son parte del esquema de gobernabilidad de la provincia. Con tales gremios, presentan cada año como acuerdos salariales las pautas decididas por el gobierno provincial. Pero en 2020 un conjunto de agrupaciones y gremios docentes no oficialistas se empezaron a aglutinar en rechazo a ese accionar.

Ese espacio, compuesto en su momento por UDNAM, Marea Blanca, MPL, ATE CTA A, UTEM CTA A, Corriente Conti Santoro, Tribuna Docente y Docentes Autoconvocadxs, empezó a desplegar planes de lucha y, en septiembre de ese año, arrancó un acuerdo salarial sin precedentes, no solo por sus términos sino porque era la primera vez que el Gobierno debía aceptar discutir salario con sectores no oficialistas.

En febrero de 2022 el oficialismo intentó regresar a su antigua práctica de decidir unilateralmente y cerró la mesa de diálogo con el frente opositor, lo que dio lugar a nuevas medidas de lucha.

El 16 de marzo, el ahora llamado Frente de Trabajadores de la Educación marchó a la sede del Consejo General de Educación para reclamar la reapertura del diálogo. Al no ser recibidos por las autoridades, lxs manifestantes decidieron permanecer en el lugar, iniciando un acampe que se prolongará dos semanas.

El día 22, nueve referentes de las organizaciones que conforman el espacio fueron notificadxs del inicio de una causa penal a instancias de nada menos que el Presidente del Consejo General de Educación, el ex dirigente sindical Alberto Galarza, quien entre otras conductas denunciaba la usurpación del edificio público, que permaneció abierto y en funcionamiento todo el tiempo.

A pesar de la denuncia, el acampe continuó durante una semana más y se levantó por decisión tomada en asamblea cuando el gobierno aceptó reabrir la Mesa de Negociación Salarial. Sin embargo, el 13 de abril la policía hostigó y atacó a manifestantes del Frente de Trabajadores de la Educación en cortes realizados en la ruta 12, a la altura de Ñacanguazú, y en la ruta 14, en Paraje Güemes.

El 14 de abril, el mismo sector de trabajadorxs de la educación se dirigió a realizar un corte en Puerto Iguazú, en el acceso a Cataratas, en el inicio de la Semana Santa. La orden judicial de desalojo del Juzgado Federal de Eldorado no tardó en llegar, sin firma.

Otro episodio fue la notificación del inicio de una causa penal por “entorpecimiento de servicios públicos” contra ocho militantes del Movimiento Pedagógico de Liberación de Montecarlo y el referente del Polo Obrero de Eldorado, Aníbal Zeretzki, por el corte de ruta realizado el 29 de marzo a la altura de Puerto Piray.

El 15 de junio de este año, la muerte durante su jornada laboral de un trabajador precarizado que hacía 8 años trabajaba en negro para la Municipalidad de Posadas desató un conflicto que se extendió una semana. El hecho dejó a su familia en el total desamparo.

Mientras el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas denunciaba que unos 2000 trabajadores se encuentran en la misma situación de precariedad y llamaba a paro, el Ministerio de Trabajo de la provincia intervino para declarar la ilegalidad de la medida y decretar la conciliación obligatoria.

Las y los empleados municipales desacataron la conciliación y mantuvieron ocupadas distintas dependencias municipales como Obras Públicas, Parque de la Ciudad, edificio central y delegaciones. El día 22 de junio el gobierno ordenó la represión a una asamblea de trabajadores de la Base Zaimán, en la que esperaban la presencia del intendente municipal Leonardo “Lalo” Stelatto para dialogar. Allí cumplía sus funciones el trabajador fallecido.

La represión fue brutal y dejó al menos seis obreros heridos. El sindicato fue forzado a levantar el paro y el Ministerio de Trabajo le aplicó una multa de 60 millones de pesos.

A partir del mes de mayo de este año se empezó a visibilizar una ofensiva política y judicial contra la conducción de la Cooperativa Eléctrica de Oberá (CELO) que hace ocho años encabeza Pedro Andersson.

El gobierno renovador operó a través de la empresa estatal Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) para reclamar una deuda de la Cooperativa, que presta servicios de distribución de energía eléctrica, en términos leoninos. Ante la falta de acuerdo, EMSA recurrió a la vía judicial para controlar la recaudación de la CELO, lo cual consiguió. En tanto que un grupo de socios que responde al partido gobernante forzaron el desplazamiento irregular de su presidente Pedro Andersson y su vice, Jorge Gabriel Duarte, el Ministerio de Acción Cooperativa intervino ilegalmente la entidad tomando el control de la administración.

En julio, la propia Ministra de Acción Cooperativa Liliana Rodriguez, perteneciente al partido La Libertad Avanza de Milei, formuló personalmente una denuncia penal contra el Consejo Administrativo por “administración fraudulenta” y “enriquecimiento ilícito”. Llamativamente la denuncia excluye al tesorero de la entidad, quien es secretario del intendente de la localidad de Alberdi, e integrante del Frente Renovador.

La denuncia fue realizada sin pruebas pero respaldada por una masiva campaña de difamación y desprestigio contra los dirigentes en los medios que responden, casi sin excepciones, al partido de gobierno. Además, fue radicada en un juzgado de Posadas cuando la jurisdicción que corresponde es la de Oberá. A pesar de ello, el juez rechazó el planteo de falta de competencia.

La CELO es una de las cooperativas más importantes de la provincia, que más allá de la situación de endeudamiento originada en los desfasajes tarifarios por la política energética nacional, maneja una recaudación multimillonaria que la hacen una presa codiciada en la política local. Su conducción estuvo en manos del oficialismo hasta que la lista encabezada por Andersson ganó las elecciones en la cooperativa en 2013 y renovó anualmente su mandato hasta 2022. Su vicepresidente Duarte es además el Secretario General de la CTA Autónoma de Misiones y del Consejo Directivo Provincial de ATE Misiones.

En el ámbito sindical, ATE y CTA A son parte de los pocos sectores que en estos últimos tres años han logrado a través de lucha y organización que el gobierno deba sentarse a discutir salario de trabajadores con el Estado por fuera de lo ya pactado con los “gremios amigos”, rompiendo en varias ocasiones los techos salariales acordados con esos actores.

Aunque este panorama de criminalización y judicialización de la protesta social y las organizaciones populares en Misiones es incompleto, sirve para caracterizar un endurecimiento de las posiciones “antiprotesta” del gobierno que se percibe a partir de 2021 en alianza con sectores conservadores. También para evidenciar que la represión sirve a los fines de perpetuar situaciones injustas y que, para tal fin, el gobierno recurre a herramientas diversas, una de las cuales es el Poder Judicial.

Como contraparte, la respuesta de las organizaciones populares no parece suficiente, lo cual es preocupante ante la decisión que muestra la alianza conservadora. Es necesario volver a reivindicar que la protesta social es garante de derechos adquiridos y la forma de ampliarlos. Es también la expresión de sectores subalternizados y marginalizados, por lo que es un reaseguro de la participación democrática. Todo intento de encorsetarla, limitarla y peor aún, criminalizarla y judicializarla, es el camino a un régimen cada vez más autoritario.

Fotos: Marcos Otaño