El video se hizo viral de inmediato. Filmado con un celular, la escena transcurre sobre una calle de tierra, en algún barrio de una localidad no identificada de Misiones. Quienes captan, ríen ante lo que ven. Es que algo hay de estrambótico en el cuadro. Un grupo de seis muchachos, trasladan a pie, una casita de madera con techo de chapa de cartón. Cada uno sujeta la vivienda por extremos diferentes y avanzan, por ese camino, vaya a saber desde dónde, hacia dónde y porqué. Lo cierto es que tras esta postal, que en las redes se expandió como un registro cómico, reluce una situación extraña dentro del enmarañado escenario habitacional a nivel provincial, nacional e incluso mundial: alguien que tiene una casa se muda, sin cambiar de casa.

La precariedad de la casita de tablas, también nos dice algo, para nada novedoso: ante la falta de acceso a la vivienda adecuada, miles de personas viven dónde y cómo pueden.

Si nos circunscribimos a la provincia, y saliendo del anecdótico video, el panorama habitacional es variopinto y cada vez más complejo. A grandes rasgos, la situación podría resumirse con una alusión directa al título de la gran novela que Ernest Hemingway publicó en 1937: Tener y no tener. El universo de la propiedad habitacional parece estar dividido únicamente entre quienes poseen y quienes no poseen una casa. Sin embargo, cuando hilamos fino a través de los datos y las situaciones, el mapa se amplifica, abriendo interrogantes a granel. ¿Cuántas personas acceden a una vivienda propia en Misiones? ¿Cuántas no? ¿Cómo se logra acceder a un terreno y a una casa?

¿Qué rol cumple el Estado y de qué manera responde el sector inmobiliario a lademanda habitacional? ¿Por qué alquilar una vivienda en Misiones y en el país es una misión cada vez más angustiante? ¿Qué sucede con quienes no tienen vivienda propia ni pueden alquilar una? ¿Es la casa propia un derecho elemental o un privilegio que cada vez menos gente alcanza?

Con 1.280.960 habitantes registrados en el último Censo Nacional, Misiones es la provincia más poblada del nordeste argentino y la novena jurisdicción luego de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Salta y Entre Ríos. De estas personas, 1.275.142 habitan en viviendas particulares, mientras que unas 5.792 residen en viviendas colectivas, como se denomina a los espacios destinados al alojamiento de personas bajo un régimen institucional (no familiar) regulados por normas de convivencia de carácter administrativo, militar, religioso, de salud, de educación, entre otras.

En Misiones existen 466.850 viviendas particulares y 652 viviendas colectivas. Según el informe sobre Condiciones Habitacionales que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en mayo de este año, un 72% de las viviendas particulares están habitadas por quienes poseen los títulos de propiedad de dichos inmuebles.

En la ciudad de Posadas, capital y conglomerado con mayor población de la provincia, de acuerdo al mismo relevamiento, el 61% de los hogares es habitado por sus propietarios; el 21% alquila y el 18% restante ni alquila ni es propietario. O sea, en cada cuatro de diez viviendas, residen personas que no son dueñas de las mismas.

Si se mira el país, Misiones aparece como una de las diez provincias con menor grado de acceso a la propiedad de viviendas, en un ranking que encuentra a Santiago del Estero liderando con un 83% de porcentajes de propietarios, y la Ciudad de Buenos Aires como el distrito con menor porcentaje de propietarios, con un 42,1%.

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de la Provincia de Misiones (IPRODHA) se fundó en 1978, como órgano de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.464 de creación del Sistema Federal de la Vivienda (Fondo Nacional de la Vivienda). Según información suministrada por el propio organismo, entre 2003 y 2023, el IPRODHA construyó en Misiones más de 65 mil viviendas. Hoy, la demanda de viviendas cuya cuantificación se desprende de las inscripciones de misioneros y misioneras a los diferentes programas existentes, supera las 90 mil. Es decir, Misiones tiene un déficit habitacional, que al menos desde las proyecciones estadísticas oficiales, puede cuantificarse en esa cifra.

En declaraciones efectuadas durante un acto, el actual vicegobernador de la provincia, Carlos Arce, señaló que “Misiones debe evitar el desarraigo de los jóvenes, y para ello es clave la construcción de viviendas. La Provincia hace sus esfuerzos, pero es necesario que Nación aporte más planes de viviendas, Necesitamos aumentar el cupo de las 2300 viviendas que se firmaron para el trienio 2021, 22, 23”.

La creciente demanda y la falta de incidencia de las políticas en la totalidad del problema, llevaron en los últimos años, al aumento de asentamientos y pequeños poblados en zonas periurbanas de los municipios misioneros, en los cuales a la precariedad jurídica se suma, muchas veces, la falta de servicios básicos.

Con una extensión planificada de casi 800 hectáreas, Itaembé Guazú se erige como uno de los complejos habitacionales más grandes del país. El mega barrio empezó a poblarse hace siete años, y hoy cuenta con más de 26 mil vecinos y cientos de viviendas que esperan ser entregadas, e incluso por otras tantas que se siguen construyendo. Se trata, sin duda, de una de las soluciones que más descomprime el déficit de casas en Posadas.

“Me salió la casa acá en Itaembé Guazú después de estar casi doce años inscripto en el IPRODHA, pasando por muchos sorteos y etapas en las que nunca quedaba” le cuenta a Tierra Roja, Fernando M. (46), mientras sus dos hijos, Marcelo (11) y Ernesto (9) juegan un picadito en la calle junto a unos vecinitos. “Actualmente estoy pagando la cuota de la casa, que es de dos dormitorios y con un patio amplio, unos 25 mil pesos, o sea, algo casi simbólico comparado a lo que pagaba de alquiler. A eso se suma la posibilidad de invertir acá, en algo propio. Si bien uno se pasa la vida manejando, porque tengo el trabajo y la escuela de los chicos cerca del centro, acá se vive tranquilo, hay algo de la vida comunitaria de los barrios de antes que está bueno”, dice Fernando.

De a poco, el barrio se va poblando de negocios, escuelas y plazas. Martín Burgos, delegado municipal del barrio, señala que el vecindario “va creciendo exponencialmente” y destaca la presencia excepcional en la mayoría de los barrios de la provincia del gas natural y de una planta de energía solar. “Se avanzó mucho con la infraestructura de salud y seguridad, y desde la delegación brindamos todos los servicios de la municipalidad. Servicios públicos, mantenimiento del complejo urbano en cuanto a desmalezamiento, recolección de residuos y otros”, afirma Burgos.

La contracara de la satisfacción de los que acceden a la vivienda propia a través de los programas estatales, está en el descontento de quienes ya no saben qué hacer para que se les brinde una chance. Adriana Z. (54), vive sola con sus dos hijas adolescentes, en una casa alquilada en San Ignacio. “Estoy inscripta en IPRODHA desde hace seis años y nunca fui seleccionada. Trato de mantener toda la documentación al día pero no hay caso. Estoy pagando un alquiler que se lleva más de la mitad de mi sueldo” relata la mujer, que hace unos años estuvo muy cerca de la casa propia, al ser seleccionada para recibir un crédito en el programa federal PROCREAR. Su historia es la de miles en el país. “Durante el gobierno de Macri, el PROCREAR habilitó una línea de créditos para compra de casas usadas. Me presenté y quedé seleccionada. Presenté los planos y el precio de una casa en venta acá en San Ignacio. Pero cuando me dieron el crédito, por la devaluación, el dueño ya no quiso vender al mismo precio. Subió casi al doble. Fue imposible. Tuve que devolver el crédito” recuerda Adriana.

En relación al PROCREAR, actualmente, para calificar en la línea Desarrollos Urbanísticos hay que tener al menos un año de experiencia laboral registrada, y demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar de entre uno y diez Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La última convocatoria puso a disposición apenas 662 viviendas en 17 provincias del país.

¿Qué pasa con la urbanización de asentamientos y los llamados barrios populares? El Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) lleva contabilizados 5.687 barrios populares, de los cuales 375 se encuentran en la Provincia de Misiones. Además de contarlos, el Estado debe garantizar políticas de protección y desarrollo en estos territorios, intervenciones que tienen un grado de efectividad entre escaso y preocupante.

Un caso paradigmático es el del barrio Patotí, un vecindario tradicional de la ciudad de Posadas, incluido en el RENABAP y por ende, supuestamente inmune a los desalojos. Allí, a pesar de ello, en los últimos años un grupo de vecinos con décadas de antigüedad, sufrieron el asedio de un privado que, con férreos contactos judiciales y policiales, terminó logrando su objetivo de desalojar el espacio donde funcionaba un merendero y un vivero comunitario. “Es una verdadera vergüenza que estando el lugar incluido en el RENABAP, hayan podido desalojarnos por medio de la violencia, luego de varios intentos que se hicieron con complicidad de la policía y la justicia. Somos familias históricas que seguimos en estado de vulnerabilidad” señaló Miriam, una de las referentes del Patotí.

En otros barrios, como por el ejemplo el Chezny, considerado el vecindario más grande y poblado del sur misionero, se viene llevando adelante un proceso de urbanización impulsado principalmente por el municipio, que hasta el momento logró ciertos avances demarcatorios y de mejoramiento de espacios públicos, aunque permanece la precariedad en la estructura de las viviendas y el acceso adecuado a los servicios.

En marzo de este año, en el marco de la firma de un convenio para la ejecución de obras de urbanización en barrios insertos en el RENABAP en el municipio de San Pedro, el gobernador Oscar Hererra Ahuad expresó lo siguiente: “Misiones es una de las provincias con mayor cantidad de barrios populares de la Argentina, pero no porque haya tenido una política desordenada, simplemente porque Misiones es una tierra de oportunidades donde miles de personas ven la oportunidad y vienen aquí. Misiones los cobija, no los deja desamparados, tenemos la responsabilidad de ordenar, como lo venimos haciendo”.

Facundo V. (34) es comunicador audiovisual y militante social. Está afincado en Puerto Iguazú junto a su compañera y sus pequeños hijos. Su experiencia con el IPRODHA también fue negativa. “Vivíamos en Posadas, y varios años esperé que me saliera una casa en Itaembé Guazú. Como no sucedió, decidimos mudarnos a Iguazú. Compramos un terrenito con los pocos ahorros que teníamos, en un lugar sin servicios, ni siquiera calle había. Vendí la moto y me endeudé para levantar mi casa. Aún así volvimos a inscribirnos en IPRODHA. Pero cuando salí sorteado, nos dijeron que no, porque ya teníamos casa. Pienso que el IPRODHA funciona más como una inmobiliaria que como un ente de soluciones habitacionales reales”, asegura Facundo.  

En Iguazú, donde más de un millón y medio de turistas llegan por año para visitar las Cataratas del Iguazú, el drama habitacional también está a la orden del día. “La falta de acceso a la vivienda digna es una de las tantas contracaras que tiene el turismo acá en Iguazú. Una familia humilde, trabajadora, solo accede a un terreno si se asienta en tierras fiscales. Así pasó en el barrio Las Palmeras, donde hace unos años un grupo de familias se asentó sobre una laguna directamente. Así crecen muchos asentamientos, sin servicios, con múltiples problemas sociales”, cuenta Facundo.

En los últimos años, al igual que en muchas ciudades del país, el aumento del turismo y la expansión de las plataformas para alquiler temporario hicieron que desaparezca la oferta para alquileres permanentes. Todo se alquila por días y exclusivamente al turismo. Mónica Krimer (57) es propietaria de una vivienda cercana al hito de las Tres Fronteras. “Durante quince años esta casa se alquilaba por año o por dos años. Pero ahora me conviene alquilar por estadías breves, de entre tres días y una semana. Se gana más y es menos desgaste. Todos los propietarios están haciendo lo mismo” afirma. Así, entre la insuficiencia de los programas estatales y la ausencia de casas en alquiler, Iguazú se vuelve una ciudad expulsiva para quienes no tienen resuelto el acceso a una vivienda.

En Eldorado, cuenta el médico y reciente candidato a intendente, Sebastián Tiozzo, sucede algo similar. “La situación es cada vez más compleja. Me está sucediendo a mí en este momento. Desde hace siete meses busco una casa para mudarme con mi familia. No hay nada. Aún cuando cuento con recibo de sueldo y el dinero para cumplir con todos los requisitos de ingreso, la oferta está en cero prácticamente. Esto va de la mano de una crisis habitacional muy grave, y que tiende a empeorar «, asevera Tiozzo.

Adrián Torres, titular de la Asociación de Inquilinos de Misiones, asegura que en Misiones los alquileres en algunos casos “superan la totalidad del salario del inquilino” y propone, más allá de la Ley de Alquileres, una batería de acciones que protejan al inquilino, entre ellas, la de limitar o prohibir el alquiler temporario de viviendas en Misiones. “La realidad de Misiones no está alejada de la realidad general del país. Si bien los valores de los alquileres en las grandes zonas urbanas, como Buenos Aires, Córdoba o Mendoza, tienen un valor superior porque son el centro del país, los salarios también son más altos. Acá los salarios son más bajos, por lo tanto, hay una equiparación. Así que vemos que estamos en las mismas condiciones que ellos, con costos de alquiler muy elevados, con demanda muy alta y con oferta muy baja”, sostiene Torres.

Eldorado, al igual que Oberá, Posadas y San Vicente, son poblados donde la presencia de universidades marca el pulso de una demanda sostenida de alojamientos para estudiantes.

La capital misionera, con una afluencia anual cercana a los 20 mil estudiantes, y una oferta académica de 233 carreras, es uno de los puntos donde el problema de la falta de alquileres o el elevado costo de los mismos, se agudiza año a año.

Carlos Vigo, director de la Agencia Universitaria, dependiente de la Municipalidad de Posadas, reconoce que “en el caso de Posadas hay un déficit habitacional importante para los estudiantes. A pesar del exponencial crecimiento de la oferta académica, continúa siendo desproporcionada la cantidad de estudiantes universitarios con la cantidad de alquileres disponibles”.

Una porción menor de esta población estudiantil es contenida por el programa estatal Residencia Estudiantil, que cuenta con 300 beneficiarios y beneficiarias, distribuidos en los cinco albergues universitarios en funcionamiento. Tres de éstos se encuentran en Posadas. Los restantes en Oberá y en Corrientes Capital.

Además, existen albergues estudiantes gestionados por los municipios y destinados especialmente a aquellos estudiantes provenientes del municipio en cuestión.

“La demanda de estudiantes que solicitan albergue crece exponencialmente cada año y los alquileres en la ciudad son cada vez más caros. La prioridad en los albergues estudiantiles de gestión provincial, son aquellas personas cuyos municipios de origen no tengan albergues y quienes más lo necesiten”, señalan desde la Subsecretaría de Juventud de la Provincia.

Para quienes están estudiando en alguna de las universidades privadas establecidas en la ciudad de Posadas, el dilema económico más reiterado y acechante es: alquiler o cuota. Bajo esta presión, emergen las estrategias colectivas de supervivencia habitacional y el trabajo informal mal pago como una herramienta para alcanzar cubrir los costos de una modesta vida universitaria.

Claudia P. (22) estudia una Licenciatura en Nutrición. Hasta el año pasado alquilaba un monoambiente a siete cuadras de su céntrica universidad. La subas en simultáneo del precio del alquiler y las cuotas de la carrera, la obligaron a mudarse. Hoy comparte un departamento de dos ambientes, cerca de la terminal de ómnibus, con Jorgelina (20) y Mercedes (21), otras dos estudiantes, parafraseando al cantor correntino Mario Bofill, “del interior”. Dice Claudia: “Primero busqué mudarme sola, pero no vi nada que baje de los 80 mil pesos. Durante la búsqueda, a través de un grupo, conocí a Jorgelina y Fernanda, que estaban en mi misma situación, buscando alquiler desesperadas. Nos reunimos y decidimos avanzar. Hoy las tres tenemos solucionada la cuestión habitacional al menos por un tiempo, de otro modo quizá hubiésemos tenido que dejar la carrera”.

Fue Mercedes quien firmó el contrato con la dueña del departamento que ahora comparten las tres. Mientras cursa el segundo año de Antropología, Mercedes trabaja desde hace unos meses en una aplicación de repartos. “Gracias a la bici ahorro mucho tiempo. Porque si bien tenemos boleto universitario gratuito, a veces moverse en colectivo en Posadas es complicado. Y además la bici, ahora me ayuda a pagar el alquiler compartido y sobrevivir. Trabajo unas 4 horas al día. La idea es enfocarse en el título, seguir estudiando y recibirse como sea”, afirma Mercedes.

En San Vicente, la Universidad del Alto Uruguay (UNAU) comenzó a funcionar en 2016 y hoy cuenta con una matrícula que supera los 1500 alumnos. “Resulta muy difícil conseguir alquiler en San Vicente y la demanda es muy alta. Algunos estudiantes, al no conseguirlo, viajan todos los días desde sus ciudades. Hace falta mucha infraestructura para alojar a los alumnos, que cada vez son más «, advierte el director de la UNAU, Magno Ibáñez.

La ingeniera María Dekun, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), afirma que la matrícula se expande cada año, con la inclusión de jóvenes ya no sólo de la provincia, sino de diferentes puntos del país y la región. Radicada en Oberá, esta facultad ya

supera las 3 mil personas en su población estudiantil. Para la decana es “imperioso” ampliar la cantidad de lugares de residencia para estudiantes.

En términos más generales, el arquitecto y corredor inmobiliario Javier Grandinetti, quien actualmente dirige la Licenciatura en Corretaje y Negocios Inmobiliarios en la Universidad Gastón Dachary (UGD) de Misiones, asegura que “el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, y por lo tanto el Estado tiene que dar respuesta a esto. Hay dos grandes caminos para facilitar el acceso a la vivienda. Uno, con aportes directos y la construcción, por ejemplo, de los planes de vivienda que hubo durante mucho tiempo y en muchos lugares de la República Argentina. Planes de vivienda activo y con prioridad para aquellos sectores de la sociedad de menores recursos, en el ritmo que es necesario por el crecimiento de la población”.

En segundo término, Grandinetti propone “activar alternativas financieras para los sectores medios, de ingresos medios, que ahí está hoy el mayor problema, porque hace muchos años, ya desde el quiebre de la crisis del 2001, que no tenemos un aporte de financiamiento para la adquisición de vivienda por los usuarios finales, acorde al crecimiento de la demanda”.

Al desarrollar estas ideas, el arquitecto advierte que «antes una vivienda albergaba a 5 o 6 personas. Llevo viendo en los últimos censos que esa cantidad de personas por vivienda bajó, con lo cual se requieren más viviendas. Al no haber participación real del Estado en los dos principales vertientes de la solución habitacional, que son la construcción de vivienda o el aporte de líneas financieras,  aparece un paliativo que siempre estuvo, que es una parte de la sociedad que tiene algunos excedentes, aporta inmuebles para ser usados por la otra parte de la sociedad que requiere esos inmuebles. O sea, ya no es una solución en mano del Estado, sino que como que una parte de la sociedad da una solución temporal a otra parte de la sociedad que lo requiere. Esto es el mercado de los alquileres.»

Sin embargo, siempre de acuerdo a Grandinetti, los problemas comienzan cuando el mercado de los alquileres entra en desequilibrio: “cuando la demanda crece más que la oferta o la oferta se retrae, aparece el conflicto de los alquileres que tenés hoy. Con lo cual, esta noticia de que hay mucha gente que no es propietaria, que no puede ser propietaria, es la demostración de una sobredemanda sobre el mercado locativo. El problema no es el precio del mercado locativo, el problema es la sobredemanda que estás teniendo y los otros precios de la economía, que de alguna manera tenemos que atender”.

Por supuesto, las problemáticas habitacionales no son excluyentes de los entornos urbanos. En Puerto Azara, pueblito rural recostado contra el borde del río Uruguay en el sur de la provincia de Misiones, un grupo de vecinas organizadas diseñó, gestionó y finalmente elaboró una solución habitacional autogestiva que si bien tuvo poca visibilidad mediática, marcó una dinámica novedosa y virtuosa ante un conflicto puntual. Recuerda María Alvez, vicepresidenta de la Asociación Civil Biblioteca Popular Puerto Azara, sindicalista y referente comunitaria del paraje. “Hace unos años que las viviendas de madera de muchas vecinas y vecinos de Puerto Azara están deterioradas. Sumado a eso, los hijos crecen y se acompañan, y esto trae hacinamiento, al no haber más espacio en la casa. Pero como tenemos la ventaja de tener terrenos y tierras, organizamos nosotras mismas la solución”.

Después de varias reuniones, el grupo de mujeres presentó ante el Honorable Concejo Deliberante de Azara, un proyecto de construcción de viviendas con rasgos particulares. El Estado debía proveer de materiales. Las mujeres construirían las casas.

En noviembre de 2019, se comenzó a construir la primera casa de material enmarcada en este proyecto. Ya llevamos casi 30 casas construidas. Trabajamos con el sistema de mingas, todas juntas. Cuando terminamos una casa. Vamos por la otra, informa Alvez.

“Yo vivía en una casa de madera muy precaria, que con las lluvias solía inundarse, la pasábamos muy mal cuando hacía frío, pero ahora tengo casa de material. Esto nos cambia la vida y estamos muy agradecidas” señala Marisol Sequeira, una de las primeras vecinas que pudo mudarse en su propio terreno.

Así, las experiencias y desafíos se multiplican ante el acceso a la vivienda. En Misiones, al igual que en el resto del país, el paisaje expone las limitaciones para el goce pleno de un derecho que, a falta de mecanismos constitucionales tendientes a lograr su efectivo cumplimiento, no termina de percibirse como tal.