El lunes 22 de marzo, se dio lugar en la localidad de Leandro N. Alem -en la zona centro y sur de Misiones- una represión a organizaciones sociales de la economía popular como hace tiempo no se observaba. Los videos que circularon por redes sociales mostraron el violento accionar policial: arremetieron con piñas y arrastrando por el suelo al menos a una mujer durante varios metros. La represión tuvo como saldo varios manifestantes heridos y nueve detenidos -ocho hombres y una mujer-. El quizás más importante elemento a destacar de este lamentable episodio, es el retorno a la criminalización de la protesta social: hacía años que no se llevaban a cabo procesamientos penales por actividades de protesta social en la provincia.

La fecha tiene a su vez, al menos dos consideraciones. La represión se llevó a cabo dos días antes del 24 de marzo, fecha icónica en toda la Argentina contra el terrorismo de estado y el accionar de las fuerzas represivas, y que retoma la importancia de preservar los DDHH y los mecanismos democráticos. Por otro lado, ese mismo lunes hizo su presencia en las tierras coloradas la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta: linda bienvenida le dio el gobierno misionero. 

En la mañana del lunes 22, un grupo de manifestantes del espacio Organizaciones en Lucha (FOL) se concentró en la puerta de la municipalidad de la ciudad de Alem en reclamo de la entrega de kits escolares de cara al inicio de clases. En sus declaraciones, la organización también apunta a “las constantes solicitudes de aumento en la provisión de alimentos y tierras para la producción agrícola y cría de animales”, dirigidas principalmente al ejecutivo -el intendente Waldemar «Valdy» Wolenberg de la Renovación (FR)- pero que fueron sistemáticamente desoídas.

Los manifestantes, alrededor de 50 personas, decidieron permanecer en la escalinata del edificio y de la entrada del acceso comunal, con el objetivo de ser atendidos: los integrantes del FOL afirmaron a través de un comunicado de prensa, que «durante meses y meses solicitaron ser atendidos por el intendente que reiteradamente se negó a recibirnos».

Cuando llegaron al lugar, ya existía un cordón policial rodeando el edificio; es decir, el ejecutivo sabía de la movilización y decidió optar por un escenario que se veía de lejos conflictivo. Pero incluso después se pudo constatar con mayor certeza la falta de actitud conciliadora para destrabar el conflicto: el intendente en todas las horas que se mantuvo la protesta, nunca bajó a conversar con los manifestantes. Cerró la puerta con llave, se mantuvo encerrado en el cuarto piso y ni siquiera se prestó a dar explicaciones a los sorprendidos trabajadores municipales encerrados en el edificio. Esta actitud fue criticada severamente, han circulado incluso vídeos donde se evidencia la disconformidad de los trabajadores allí presentes ante el actuar del ejecutivo, quien a su vez prepotea a quienes le discuten.

Una combinación entre el desprecio a la demanda, como a los sujetos demandantes; que son nada más ni nada menos que organizaciones sociales, quienes vienen cumpliendo un rol clave de contención en los barrios marginales ante la falta de mecanismos estatales para abordar las exorbitantes tasas de pobreza, hambre y exclusión que afronta nuestro país. Una actitud por cierto, muy poco digna en un contexto de pandemia y con las complejidades que atraviesan las clases populares.

Cuando el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Alem intimó a los manifestantes a que se retiren, ellos decidieron quedarse porque esperaban de hecho una respuesta política y no judicial. Por la tarde, con el visto bueno de Wolenberg, se procedió a darle fin al reclamo de manera violenta: decenas de miembros de infantería provinciales “despejaron” la zona y detuvieron a los principales dirigentes y miembros convocantes de la medida de fuerza. Allí se vivieron escenas de violencia como las narradas al comienzo de esta nota.

Fueron muchas horas (más de 96, varios días) las que se mantuvo en total hermetismo el destino o las condiciones de los detenidos, generando tensión entre los abogados de DD.HH consultados para la causa, y entre los familiares y compañeros.

Una de las secuencias más alarmante, fue cuando al día siguiente (martes 22) y por orden de la Jueza Selva Zuetta, fue detenida al mediodía en su casa Rosa Britez, delegada del FOL y principal referente local de la organización. Esta detención se dio lugar incluso después de haberse denunciado en la “Comisión contra la tortura la violencia institucional” el comportamiento policial del lunes -totalmente desproporcionado para sus fines-. Precisamente fue Rosa quien se había presentado a realizar la denuncia ante la Fiscalía por la virulencia del accionar policial un día antes.

La mujer fue trasladada finalmente a las dependencias de Arroyo del Medio, a 20 km de donde debía estar demorada. Allí estuvo detenida tres días, viviendo momentos de suma angustia porque además del lógico miedo a la detención, fue alejada de su bebé el cual está amamantando. Las amenazas también fueron moneda corriente: distintos oficiales de las fuerzas de seguridad le sugirieron el silencio si no quería empeorar el estado de salud de su hijo o sufrir más allanamientos para otros miembros de la familia. En los procedimientos del día anterior uno de sus hijos, Iván Da Silva, también había sido detenido. “Yo vi el estado que estaba, todo golpeado. La cantidad de golpes que tenía, los labios, el estómago, los oídos, las orejas tenía negras” relata su madre intentando no quebrar la voz.

Pocos medios de comunicación se tomaron el trabajo de hablar con los manifestantes y/o damnificados directos: preguntarles qué piensan, por qué realizaban tal accionar, cómo viven. Ningún dirigente provincial salió a condenar los hechos de violencia institucional, al menos ninguno de la fuerza gobernante. Los funcionarios misioneros renovadores brillaron por su silencio.

Diarios locales como “Alem News” (nombre no muy autóctono, por cierto) desplegó la información de los arrestos directamente de la mano de la versión oficial. “La orden de detención de Natanael Ferreyra, líder de una agrupación piquetera local, se dio luego de la retención ilegítima de la libertad de los empleados municipales sufrido este lunes, ya que el grupo que él lidera cerró el acceso lateral del edificio municipal” explicaba el matutino el martes 23, sin siquiera exponer una fuente alternativa o las causas de la movilización. El uso de la terminología: “piqueteros” (en reemplazo de organización social), o “líder” (que podría ser reemplazado por referente o militante) tan asociado a la terminología utilizada para las redes delictivas.

La sociedad de Alem también reflejó su más hondo rechazo al activismo social, que generalmente esconde el desprecio por la gente de menos recursos y sus métodos de protesta. El mismísimo 24, alrededor de 200 vecinos se autoconvocaron en la Plaza San Martín de dicha localidad, para mostrar su apoyo al accionar policial y judicial. “Obstruyeron la entrada de los negocios lindantes, se pusieron violentos en todo momento, hostiles, no permitiendo que nadie ingrese o egrese” sentenció una de las empleadas municipales que se sintió “rehén” el día de la protesta. Gente de buen pasar, con muchas banderas argentinas y carteles del tipo “Fuerza policías”; apoyando a quienes unos días antes habían arrastrado de los pelos a mujeres desarmadas. Curioso sentido este el de la justicia.

Los días posteriores, ante el desmedido accionar policial y el reclamo de libertad a los manifestantes se desataron numerosas protestas a lo largo de toda la provincia encabezadas por el Frente de Organizaciones en Lucha y otras organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, el Partido Obrero y el Movimiento Pedagógico de Liberación. Muchas de estas manifestaciones incluyeron cortes de ruta, lo que originó otro motivo de malestar y de disputa entre distintos sectores políticos o ciudadanos. Surgió nuevamente con fuerza la voz de quienes sostienen la división de trabajadores populares por un lado y quienes están en contra de las manifestaciones por otro, defensores del famoso “hay otras formas para reclamar”, aún sabiendo que las mismas habitualmente son desestimadas.

En Montecarlo, por ejemplo, el Concejal Daniel Galarza (con la ayuda de los abogados Walter Kunz -ex coordinador de la delegación provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación- y Lucas Vega) le dio trascendencia al hecho con un comunicado en repudio a los cortes, juntando adhesiones y realizando una Denuncia Penal por violación al Decreto 194 de la Constitución Nacional. Kunz, ex funcionario del PRO, fue responsable del desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar en los años 2016 y 2018 y del despido de decenas de trabajadores; casualmente muchos de ellos miembros de los distintos gremios y activos militantes sociales. Evidentemente,  la estigmatización y criminalización de los sectores que integran las organizaciones sociales está a la orden del día.

Por otro lado, el pasado lunes 5 de abril, referentes nacionales de DD.HH como Pablo Pimentel de APDH La Matanza o Leonardo Pérez Esquivel de la Junta Interna ATE, así como miembros de la Liga Argentina por los Derechos Humanos o el Centro de Acceso a Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y en conjunto con el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género; viajaron a Misiones y se reunieron ante autoridades del gobierno local (al mando del Frente Renovador de la Concordia Social), para respaldar los pedidos de justicia ante lo sucedido en la localidad de Alem pocas semanas atrás.

Puntualmente, la delegación fue recibida por el vicegobernador de la provincia Carlos Omar Arce, y por el ministro Coordinador de Gabinete Víctor Kreimer en Casa de Gobierno en la ciudad capital de Posadas. También se efectuó una nueva denuncia por violencia institucional y apremios ilegales contra los integrantes del FOL (Organizaciones en Lucha), patrocinada por el CAJ (Centro de Acceso a la Justicia) a nivel nacional.

Ante la reivindicación de la protesta social como derecho, la evidente indiferencia (o abierta defensa) del gobierno provincial frente a la represión y los apremios ilegales, y con un panorama epidemiológico que abre las puertas a posibles nuevas restricciones de actividades colectivas, urge reflexionar sobre el rol de las fuerzas de seguridad en la provincia. Es imprescindible seguir manteniendo atenta la mirada para que no ganen terrenos las vulneraciones a los DDHH de quienes habitan la tierra colorada, en manos de las fuerzas policiales que dirige Marcelo Pérez. Estar alertas de quienes deberían cuidarnos y velar por nuestra seguridad, cuyo desafortunado historial produce indefectiblemente, el efecto contrario.