“Próximamente se debería dar inicio a un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Misiones”, señalan desde el área jurídica del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones ante la consulta de Tierra Roja por la continuidad de los juicios orales correspondientes a crímenes cometidos en la provincia durante la última dictadura cívico-militar. En Misiones, no se realizan este tipo de juicios desde el año 2021.

“En esta oportunidad, se van a juzgar hechos ocurridos en el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia (centro de la ciudad de Posadas) y otros Centros Clandestinos, como ‘La Casita de Santa Inés’ (localidad de Garupá). Se trata de otro tramo de la llamada ‘Causa de la Policía de la Provincia’, que tiene como imputados a los ex agentes policiales Bruno Rejálaga y Miguel Insaurralde, y al ex general del Ejército Eugenio Guañabens Perello. Este último era  responsable de la Subzona 23 y va a ser juzgado entre otros hechos, por la desaparición forzada del matrimonio Villanueva-Paniagua, quienes fueron secuestrados de su domicilio en la ciudad de Oberá, en 1978. También será juzgado Osvaldo Mateo, quien fue jefe de la Policía Federal Seccional Posadas en 1977”, adelanta el Ministerio, organismo que desde 2006 oficia de querellante por la provincia de Misiones en los juicios de lesa humanidad. 

En el marco del esquema represivo desplegado durante la dictadura, Misiones integraba la llamada Zona Militar 2, que abarcaba además a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.  A su vez, la zona se subdividía en la denominada Subzona 23, dentro de la cual, la provincia de Misiones se unificó como Área 232, cuyo comando de operaciones era el  Regimiento de Infantería de Monte 30, ubicado en la ciudad de Apóstoles, en el sur misionero.

El juicio que debe iniciarse por primera vez va a permitir conocer el funcionamiento de la estructura del aparato represivo hacia los mandos superiores. En juicios anteriores se conoció el funcionamiento interno solamente hasta la jefatura del Área 232, que dependía jerárquicamente de la Subzona 23.

La causa en cuestión corresponde al Expediente 15003159/2005 del Tribunal Oral Federal de Posadas, y quienes deben actuar son jueces subrogantes provenientes de la ciudad de Paraná. Se trata de un tribunal presidido por el juez entrerriano Roberto López Arango. 

En relación a la fecha de inicio del debate oral, ante la consulta de este cronista, desde el tribunal señalaron que la falta de confirmación se debe a “incompatibilidades de agenda”.

A poco de desencadenarse el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, a Pedro Peczak le propusieron exiliarse en Brasil. No quiso. Desde la clandestinidad, eligió permanecer entre las chacras y los montes misioneros, organizando la resistencia campesina ante los embates de una dictadura cívico-militar que desde el minuto cero proscribió al Movimiento Agrario Misionero (MAM), del cual Peczak era su máximo dirigente. Comenzaba así, una saga de persecución de los militares –con la policía provincial y civiles cómplices de aliados- a Peczak, por diferentes zonas de la provincia, enmarcada en el denominado Operativo Toba, un despliegue militar que implicó la cacería, detención, secuestro, tortura y desaparición de los principales referentes de las Ligas Agrarias y de campesinos en todo el nordeste argentino. 

En Misiones, a su paso, el Operativo Toba incluyó la tortura y el robo a familias campesinas, episodios en los que además, se llevaron adelante violaciones a mujeres y niñas, por parte de los cuerpos militares actuantes en las chacras de la ruralidad de la Zona Centro de la provincia. Buscando a Peczak, los militares y policías, torturaron a más de cuatrocientas personas que habitaban en la ruralidad misionera. 

Finalmente, en noviembre de 1977, lograron capturar a “El Cosaco”, como le decían a Peczak por su ascendencia eslava y su aspecto. 

Lo encontraron en un monte de la pequeña localidad fronteriza de Panambí (“mariposa” en guaraní). De allí, lo trasladaron 36 kilómetros hasta la ciudad de Oberá, más precisamente al Escuadrón 9 de la Gendarmería Nacional. Al llegar, ataron a  Peczak a un árbol. Estaba golpeado, sangrante. Desde la emisora LT 13 Radio Oberá, invitaban a la gente a acercarse al escuadrón para ver el espectáculo: al fin se había logrado apresar al “peligroso y subversivo fugitivo”. 

Tras pasar por varios centros clandestinos de la provincia, sufriendo torturas y vejaciones de todo tipo, Pedro Peczak fue fusilado el 17 de diciembre de 1977 en el Regimiento Monte 30 de Apóstoles.

Augusto “Cacho” Speratti tenía 18 años, vivía en la chacra 157, y laburaba en una zapatería. Militaba en la JP desde la secundaria, en Posadas, donde había integrado la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), un grupo de adolescentes que en aquel entonces militaba por el boleto estudiantil. 

Eran las 5 de la mañana del 24 de marzo de 1976. Augusto dormía junto a su compañera y madre de una hija de apenas siete meses de edad. Un grupo de hombres vestidos de civil, irrumpió en el dormitorio y a punta de revólver se llevaron a Augusto y lo metieron con los ojos vendados dentro de la camioneta estacionada en la vereda. Lo trasladaron hasta la dependencia del Departamento de Información de la Policía de Misiones, situada en el centro de Posadas, y lo arrojaron en una celda, no sin antes propinarle una golpiza. A pesar de los ojos cubiertos, “Cacho” percibió la presencia de otras personas: eran sus compañeros de militancia, Francisco y Aurealiano, detenidos esa misma madrugada. 

Los días siguientes transcurrieron entre palizas. Desde la celda, los muchachos escuchaban las voces de sus madres, preguntando por ellos en la oficina de entrada, ante la rotunda negativa de los uniformados. Ya en esa primera semana, Augusto conoció la mesa de tortura que los militares habían montado en el fondo del edificio. Allí, desnudo por completo, sintió el rigor tenebroso de la picana eléctrica sobre su cuerpo indefenso. Lo interrogaron durante varias horas. De allí, apenas con un harapo encima, lo subieron a otro vehículo, esta vez un jeep. Esposado y vendado, lo trasladaron a una casa cerca del Club Rowing. Al llegar, ataron sus brazos por las muñecas, a las vigas del techo. Augusto quedó colgando. En esas mismas condiciones, a apenas un metro y medio de distancia, colgaba otro compañero de militancia, Ricardo Cáceres. 

Las torturas en esta casa, recordará “Cacho” muchos años después, incluyeron mordidas de perro, simulacros de fusilamiento y descargas eléctricas en los testículos.

A los pocos días, Augusto y otros prisioneros jóvenes fueron trasladados a la unidad penitenciaria de Candelaria. Luego de varios meses en esta cárcel, Augusto y otras veinte personas detenidas clandestinamente, fueron escoltados hasta el aeropuerto General San Martín de la ciudad de Posadas, donde abordaron un avión Hércules de las fuerzas armadas. Viajaron esposados de a dos prisioneros y acostados en el piso de la nave. El destino fue la Unidad Penal de Resistencia, en la provincia del Chaco. Allí, pasaría sus días en el pabellón 1, junto a otros cien presos políticos. 

En septiembre de 1977, Augusto fue trasladado a un regimiento de la provincia de Corrientes, donde el general Cristino Nicolaides le informó que recuperaría su libertad bajo una régimen de vigilancia. 

“No hay duda de que aún quedan muchos casos sin resolver, falta Justicia por compañeras y compañeros, desaparecidos o asesinados. Falta juzgar a muchos torturadores, genocidas, a quienes no se ha podido identificar y que así fueron zafando de la justicia del hombre. Pero cada juicio que comienza, cada condena, tiene un valor inmenso. Por eso es importante que continúen, más ahora, en tiempos en que afloran con más vigor los sectores negacionistas” -le dice Augusto Speratti a Tierra Roja, desde su casa en Posadas, donde sigue viviendo y militando. 

La represión durante el terrorismo de Estado en la provincia de Misiones tuvo, como se expone en las breves semblanzas anteriores (apenas dos de cientos de historias), la singular característica de haber atravesado tanto el ámbito rural, como el urbano. Mientras los operativos en las colonias y parajes rurales buscaban desarticular la acción orgánica de los pequeños productores –que para entonces ya ostentaba un alto grado de organización-, en las ciudades más importantes (Posadas, Oberá), la persecución apuntaba a dirigentes estudiantiles, políticos y sindicales. 

En total, la dictadura en la tierra colorada dejó un saldo de 60 personas desaparecidas y unos 600 presos políticos, además de cuatro militantes misioneros asesinados en la Masacre de Margarita Belén (Chaco).

Actualmente, en Argentina se encuentran abiertos 14 juicios orales en el marco de los Juicios de Lesa Humanidad que buscan esclarecer y juzgar a los responsables de los crímenes perpetrados durante la última dictadura que padeció el país entre 1976 y 1983. Estos juicios en curso (“en debate”), involucran a las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, San Juan y Santa Fe. Desde 1985 a esta parte, 352 juicios culminaron con sentencias, que condenaron en total a 1207 personas. 

En la provincia de Misiones, hasta ahora se realizaron solo cinco juicios por delitos de lesa humanidad. El primer juicio tuvo lugar en 2008 y terminó con una condena a 25 años al coronel retirado Carlos Caggiano Tedesco, responsable máximo del Área 232, a 25 años de prisión como autor del secuestro de Alfredo González, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones, quien había sido detenido ilegalmente por primera vez el 24 de marzo 1976. González fue recluido en la unidad penitenciaria de Candelaria, luego en la UR7 de Resistencia, y a los seis meses fue liberado. El 4 de marzo de 1978 fue secuestrado nuevamente. Lo vieron por última vez en “La casita de Mártires”, Centro Clandestino de Detención en Posadas, en donde habría muerto luego de haber sido sometido a reiteradas torturas. Su cuerpo nunca apareció.

En junio de 2009 se efectuó el segundo juicio, que concluyó con nuevas condenas a Cuenca y Gómez.

En el tercer juicio, en octubre de 2009, el Tribunal Oral Federal de Posadas condenó a reclusión perpetua, nuevamente a Carlos Caggiano Tedesco y a Juan Antonio Beltrametti, jefe de área del Distrito Militar Misiones entre el 24 de marzo de 1876 y el 5 de enero de 1977. 

Beltrametti había encabezado el derrocamiento del entonces gobernador Miguel Angel Alterach, y fue interventor de la provincia durante 40 días. Además, fue hallado culpable de 40 privaciones ilegítimas de la libertad y dos torturas seguidas de muerte. Caggiano Tedesco, en tanto, resultó responsable de 47 secuestros, tres torturas seguidas de muerte y un robo.

En agosto del año 2015 fue condenado el médico Guillermo Mendoza, por tres casos de tortura agravada, en el seno de la denominada “Causa de la Policía de Misiones”.  Este fue el cuarto juicio que se realizó en Misiones. El fallo había sido revisado por la Cámara Nacional de Casación Penal, en la que fueron juzgados Carlos Herrero, Felipe Giménez, Carlos Pombo, Julio Amarilla y Guillermo Mendoza, como responsables por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito de la Jefatura de Policía. En ese mismo juicio, Omar Herrero, ex jefe de la Policía de Misiones en 1976, recibió una condena de 20 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de al menos 40 detenidos políticos. Felipe Nicolás Giménez, ex jefe de la Dirección de Informaciones de la policía provincial, fue sentenciado a 21 años por los mismos delitos. 

Finalmente, el quinto y último juicio finalizó el 14 de septiembre de 2021, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas condenó nuevamente a cinco años de prisión al ex guardia cárcel José María Cuenca e impuso cuatro años y seis meses de prisión al también ex penitenciario Rubén Alberto Gómez. 

Desde la Justicia Federal de Posadas, informaron a este medio que actualmente se encuentra  “en trámite”, la causa que buscará juzgar la desaparición forzada de Javier Manuel Corral (legajo CONADEP Nro. 4802) y la privación ilegal de la libertad y tormentos contra Egidio Ramón Cristaldo. 

Esta causa tiene como imputados a Carlos Humberto Caggiano Tedesco, que ya fue juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad en 2008, y a los ex integrantes de Gendarmería Nacional, Juan Antunez Proeza, José Neironi, y Pedro Mamani.

«Frente a una nueva esperanza” tituló el entonces director del histórico y aún vigente diario El Territorio, de Misiones, Humberto Antonio Pérez, la columna editorial del 24 de marzo de 1976, día en que se desató la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina. “No podemos decir que ha caído un régimen, porque ya estaba en el suelo. Nadie lo ha derribado: se desmoronó simplemente” aduce un párrafo de esa columna celebratoria, donde más adelante se califica al golpe de Estado que acabó con la desaparición, tortura y asesinato de más de 30 mil personas como “indispensable a los efectos de la cura total de todos los males”. 

Días más tarde, el almirante Emilio Massera (fallecido en 2010 y condenado a perpetua), envió una afectuosa carta dirigida a Humberto Pérez, que El Territorio reproduce con orgullo en su edición del 10 de junio de 1976: “el almirante Emilio Massera saluda muy amablemente al director del diario El Territorio, Humberto Pérez, por la amplia difusión brindada a las actividades correspondientes al Día de la Armada”. 

No sería la única carta de felicitaciones que Massera remitió especialmente a Pérez. También en junio del 76, Massera “saluda con distinción al querido Humberto Pérez en el Día del Periodista”, carta que también fue publicada y que hoy puede apreciarse en los archivos.

El fuerte apoyo que el diario misionero dio a las Fuerzas Armadas golpistas se remonta incluso a días anteriores al golpe. Así, por ejemplo el 13 de marzo del 76, El Territorio titula “Incremento de la subversión preocupa al país”. Por entonces, el término «subversión» abarcaba a las organizaciones guerrilleras -prácticamente ya extinguidas en marzo de 1976- pero también a los simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social. 

Volviendo a la editorial que Humberto Pérez firmó el 24 de marzo de 1976, en ella se insta a la sociedad a adherir a la “revolución” emprendida por los represores. “La empresa emprendida y aceptada en nombre de las mejores tradiciones de nuestra Historia, habrá de ser apoyada por cuantos comprenden que Argentina merece volver a ocupar entre los pueblos del mundo el sitio honroso que ya había conquistado”.

Alexis Rasftópolo vive en Posadas, es Doctor en Comunicación Social por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS) de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y uno de los hacedores del proyecto pedagógico Circuito por la Memoria, un espacio que a través de recorridos por sitios de interés en lo que respecta a lo ocurrido durante la última dictadura, propicia ámbitos de diálogo, debates y reflexiones ciudadanas. 

Consultado por Tierra Roja, Rasftópolo indicó que “si uno tiene que pensar en la importancia que tienen los juicios, no puede soslayarse que aquí se ha avanzado poco, a nivel país.  Y en el plano provincial se ha avanzado poco en lo que respecta a la responsabilidad cívica, económica y eclesiástica, participaciones que han sido sustantivas en todo aquel plan de exterminio, que fue un plan de pedagogía a través del terror, al servicio de sentar las bases de una racionalidad económica y cultural de corte neoliberal”.

Para el académico y militante de Derechos Humanos, desde lo judicial “no se ha avanzado de la misma forma con el sector empresarial y los sectores económicos que se han beneficiado con las políticas de la dictadura; muchos de ellos siguen vigentes hoy.  Basta con ver quienes forman parte de la Asociación Empresaria Argentina, pensar en las principales empresas de comunicación,  las principales empresas periodísticas, entre otras. Nuestro país ha sido paradigma en cuanto al avance en materia de derechos humanos, pero conviene observar que no se ha avanzado de la misma manera en cuanto a la responsabilidad empresarial y los sectores económicos que se han beneficiado y que han contribuido a consolidar una política económica que sigue vigente en nuestro país.”

En cuanto al Regimiento de Infantería Monte 30 de Apóstoles, es uno de los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico- militar, y como se dijo anteriormente en este mismo artículo, fue un núcleo central para la represión en la zona. Desde allí, se comandaron los principales operativos que terminaron con la desaparición de más de sesenta personas, y la detención y tortura de otras 600 personas.

Este Regimiento fue también el centro funcional del Operativo Toba IV, desarrollado entre julio y octubre de 1976, tendiente a capturar a los miembros del Movimiento Agrario de Misiones y de las Ligas Agrarias.

En una garita de guardia de este destacamento misionero, el 26 de junio de 2003, apareció muerto de un disparo el soldado chaqueño Mauro Ramírez. Desde un principio, las autoridades del Regimiento Monte 30 adujeron un suicidio, aunque pericias forenses posteriores descartaron esta hipótesis. La madre del soldado Ramírez, Susana Pintos, lleva más de 20 años exigiendo justicia por el asesinato de su hijo. La causa permanece impune.

En julio de 2022, la cúpula del Regimiento Monte 30 fue removida tras el escándalo generado por una “fiesta de bautismo” de conscriptos que dejó como resultado un suboficial al borde de la muerte tras ser arrojado contra su voluntad a una de las piletas del destacamento.    

El genocida bonaerense Horacio Losito (73) visitó, en la mañana del 29 de febrero de 2024, la sede del Regimiento de Infantería Monte 30, ubicado en la ciudad de Apóstoles, en el sur de la provincia de Misiones. Al llegar a este destacamento, con el objetivo de visitar a su hijo, Losito fue recibido con una ceremonia de honor por parte del jefe del Regimiento, teniente coronel Rodolfo Narváez,  y varios subalternos.

Condenado a prisión perpetua por su participación en el episodio conocido como la Masacre de Margarita Belén (Chaco), Losito mantiene además otras dos condenas por delitos de lesa humanidad, dictadas en la provincia de Corrientes y relacionadas a sus actuaciones en el ex Regimiento de Infantería Nº 9 de esa provincia.

Detenido en octubre de 2004, el criminal gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria desde abril de 2020. En noviembre de 2023, el Tribunal Federal Oral le otorgó  la libertad por haber cumplido dos tercios de la pena, decisión que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal de Chaco.

Además de haber cometido crímenes de lesa humanidad, Losito participó de la guerra de Malvinas, y de las llamadas  “rebeliones carapintadas” de 1987 y 1988, por lo que fue detenido y dado de baja del Ejército, aunque luego fue indultado por el entonces presidente Carlos Menem.

Entre octubre de 1975 y octubre de 1977, el jefe del Regimiento de Infantería Monte 30 de Apóstoles, fue el teniente coronel Héctor Flores, quien actualmente tiene 92 años y reside en Buenos Aires. Este hombre, desde 2013 viene alegando problemas de salud que le impiden acudir al juicio oral abierto desde entonces en el Tribunal Federal (TOF) de Posadas, en el cual se lo acusa de  perseguir, torturar y detener a integrantes del Movimiento Agrario Misionero (MAM), en el marco del Operativo Toba. Muchas de las víctimas de su accionar se encuentran aún desaparecidas. 

Desde el Tribunal Federal Oral, indicaron a este medio que “Flores es el único imputado que tiene esta causa, ya que el imputado Omar Giménez falleció durante la instrucción de la misma”.

“Si bien la historia judicial sobre los delitos de lesa humanidad en nuestra provincia no es muy numerosa, no obstante, debemos resaltar la importancia simbólica que debe observarse, habida cuenta de que las banderas de Memoria, Verdad y Justicia deben estar presentes en todos los estamentos de nuestra sociedad y de manera especial ser trasladas a las generaciones venideras” sostienen desde la Comisión de Seguimiento de los Juicios por la Verdad, que funciona en el seno de la Legislatura Provincial bajo la presidencia de Rafael Pereyra Pigerl. 

En sintonía, desde el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, actualmente encabezado por la ministra Karina Aguirre, advierten que “pese a los tiempos adversos que se presentan, el compromiso de la querella representada por este Ministerio, es el de siempre: aportar todo lo que esté al alcance para afianzar el proceso de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, como lo venimos haciendo desde el año 2006.

En la década del setenta, Angel Dionisio Fleita también integraba la Unión de Estudiantes Secundarios. Fue capturado en Posadas en el mes de septiembre de 1976. Sufrió torturas y fue trasladado a Candelaria, posteriormente a Resistencia (Chaco) y luego a La Plata (provincia de Buenos Aires). Los militares lo liberaron en 1979. Tras ser liberado, Angel retomó el camino de la militancia social y política. Estudió Antropología en la Universidad Nacional de Misiones y se mantuvo siempre cercano a las causas vinculadas a los Derechos Humanos y la Justicia Social. Murió en 2021. Angel fue una de las víctimas del terrorismo de Estado que, en vida, pudo vivenciar la reparación histórica que significaron y significan las condenas a los genocidas.

Una de sus hijas, la periodista Cecilia Fleita, nos cuenta que “Ángel era muy nostálgico; llevaba consigo ese dolor de haber sobrevivido a la tortura. Él solía hablar, ya en democracia, de gente que había hecho inteligencia en la dictadura, que seguía habitando espacios a los cuales él no quería ir. Existe una responsabilidad civil, empresarial, complicidades que van más allá de los militares”. 

Para Cecilia, “la continuidad de los juicios son una parte importante del duelo cotidiano, que hasta su último día de vida sentí vivir a mi padre”.

Como ella, miles de familiares de víctimas del terrorismo de Estado, y una enorme porción de una sociedad que no comulga con tesituras negacionistas, mantienen la esperanza y el anhelo de que los juicios por crímenes de lesa humanidad prosigan en cada rincón del país, hasta obtener Justicia no sólo con los responsables materiales e intelectuales de los crímenes, sino también con todos aquellos cómplices y colaboracionistas enquistados en el seno de la sociedad civil.